Un total de 17 entidades sociales han presentado este jueves en el Congreso de los Diputados su lista de prioridades para la política de agua en la próxima legislatura, entre las que destaca que se reconozca por ley el derecho humano al agua en España.
Así, han celebrado el acto ‘prioridades para una nueva política del agua en España’, en el que han planteado una serie de medidas de acción inmediata de cara a la próxima legislatura, como restringir la compraventa de derechos del uso del agua y condicionar el uso de esta herramienta a criterios de transparencia, sostenibilidad e interés general, revisar el Memorándum del Trasvase Tajo-Segura y establecer hojas de ruta para reducir la dependencia e impactos de los trasvases.
A su vez, proponen liquidar las Sociedades Estatales de Aguas y devolver sus competencias a la administración pública, aplicar una política de recuperación de costes del uso del agua que incentive el uso eficiente del recurso, así como acotar la definición de los conceptos de ‘interés general’ y ‘obra de emergencia’ para evitar abusos que favorezcan intereses económicos particulares a costa de los ecosistemas.
Otra de sus propuestas consistiría en paralizar o abandonar de forma definitiva las obras hidráulicas con más conflictos ambientales y sociales, como el dragado del estuario del Guadalquivir, el trasvase del río Castril, los embalses de Alcolea, Yesa, o Biscarrués, por ejemplo.
REFORMAR LA LEY DE AGUAS
Igualmente, han planteado otra serie de medidas para ser puestas en marcha al final de la próxima legislatura como reformar la Ley de Aguas, los organismos de cuenca y los planes hidrológicos del periodo 2016-2021, para garantizar el cumplimiento de la normativa europea, así como el sistema concesional para ajustar las concesiones a la disponibilidad real del agua y las necesidades hídricas de los ecosistemas, y racionalizar y simplificar los trámites administrativos para los usos lúdicos y recreativos.
A su juicio, es necesario también fomentar una mayor participación ciudadana activa en los debates, procesos y órganos de toma de decisión en torno al agua, impulsar la lucha contra las especies invasoras del medio acuático, y garantizar una mejor coordinación de la política del agua con otras políticas como las de agricultura, desarrollo rural, conservación de la biodiversidad y ordenación territorial.
El documento termina con dos anexos sobre las cuencas de los ríos Guadiana y Tajo, como ejemplos que ilustran distintas facetas de la problemática y demuestran la necesidad de «reformas de calado» en las bases, la organización y la aplicación de la política de agua en España.
Entre otras, las entidades firmantes son: AEMS-Ríos con Vida, Asociación en Defensa del Piragüismo y los usos Recreativos del Agua, Asociación Ojos del Guadiana Vivos, Centro Ibérico de Restauración Fluvial, Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases, Ecologistas en Acción; Fundación Nueva Cultura del Agua, Greenpeace, Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Plataforma por la Defensa del Río Castril, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo y Tejo y sus ríos, SEO/BirdLife, Unión Nacional de Pescadores Conservacionista, URA-Nueva Cultura del Agua, WWF y Xúquer Víu.
