El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reducido en su primer año la lista de espera de Dependencia en 5.511 personas pendientes de Plan Individualizado de Atención (PIA), con 2.771 personas menos en espera de ser valoradas. Son algunos datos ofrecidos hoy por la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en su comparecencia ante la Comisión de Bienestar Social de las Cortes regionales para informar del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) en Castilla-La Macha.
La consejera ha subrayado que a 30 de junio de 2016 hay 5.511 personas menos en el llamado “limbo de la dependencia” esperando prestación, con una reducción de 586 en el mes de junio, con lo que la lista de espera se reduce de 26.919 a 21.408 personas.
Respecto a los beneficiarios, hay 4.711 más en el primer año del Gobierno regional, al igual que hay 2.771 solicitudes menos pendientes de valorar. Además se han incrementado los usuarios en Ayuda domicilio en 2.280, en teleasistencia hay 952 usuarios más, 438 más en centros de día, 781 usuarios más en plazas residenciales, 258 en SEPAP, con 335 prestaciones más vinculadas a servicio. Al tiempo que se concedieron en junio 124 nuevas prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (PECEF), con 295 concedidas en un año.
Plan de mejora del sistema de dependencia
“Estos resultados son positivos gracias al Plan de Mejora del SAAD puesto en marcha por el Gobierno de García-Page”, ha subrayado la consejera que ha enumerado entre las medidas adoptadas la recuperación del dialogo social y la garantía de la seguridad jurídica de las personas dependientes con la aprobación del Decreto del Catálogo de Prestaciones y Servicios, su intensidad y compatibilidades.
Igualmente también se ha agilizado el pago de prestaciones, el refuerzo temporal de profesionales con 43 empleados públicos interinos para los equipos de valoración, la eliminación de tasas administrativas, la creación de nuevas prestaciones como el servicio de promoción de la autonomía personal (SEPAP) y la implantación de un sistema transparente de publicación trimestral de datos dentro del portal de Dependencia del Gobierno regional.
La consejera también ha subrayado el esfuerzo económico llevado a cabo por el Gobierno regional con el incremento presupuestario del 6,4%, de 24 millones de euros en 2016, al pasar el presupuesto de 372 en 2015 a 396 millones de euros en 2016; al tiempo que se ha iniciado la redacción del segundo decreto de Dependencia sobre el Procedimiento de reconocimiento, del mismo modo que se ha puesto en práctica un proceso de acreditación y habilitación excepcional de cuidadores y gerocultores.
El Gobierno regional aporta 63 euros, el de España 18
La consejera ha destacado el “gran esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno regional, a pesar de que Gobierno de España no cumple con su responsabilidad financiera con las comunidades autónomas para atender a la dependencia y de los recortes generalizados que sufrieron las personas dependientes con el Ejecutivo anterior en Castilla-La Mancha”.
En materia de presupuesto, la consejera ha señalado que de 100 euros que se invierten en la región en la atención a la dependencia, el Gobierno de España aporta sólo 18 euros, 63 euros el Gobierno de Castilla-La Mancha y 19 euros son aportados por los usuarios, “cuando la propia ley determina que la participación en la financiación del Gobierno de España debería tender al 50%”.
Por otro lado, la consejera ha recordado que entre 2012 y 2013, el anterior gobierno hizo más de 5.000 revisiones de oficio a 5.000 personas dependientes, a las que redujo de grado y PIA, lo que produjo cientos de reclamaciones y procedimientos judiciales que están por resolver.
Avance en la recuperación del sistema de dependencia
Aurelia Sánchez ha defendido que Castilla-La Mancha “avanza en la recuperación del sistema de dependencia, prueba de ello es que el Observatorio de Dependencia dio a la región un suspenso con 4,58 puntos en su informe número 15 publicado en agosto de 2015, mientras que en enero la región aprobaba 5,71 puntos”, ha recordado la consejera.
“La ley de dependencia representa un reconocimiento de un derecho subjetivo y un enorme desafío para el Gobierno de España y para las comunidades autónomas, en clave presupuestaria y en clave ideológica” ha concluido Aurelia Sánchez que confirma que el Gobierno de Castilla-La Mancha “cree en el sistema, defiende a las personas dependientes, invierte presupuestariamente en su desarrollo y solicita la misma responsabilidad al Gobierno de España, que de apoyo a las personas dependientes de Castilla-La Mancha”.
