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El PP insta a Page a “dejarse de palabrerías” y “ponerse a trabajar”

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La presidenta del Grupo Popular, Ana Guarinos, ha instado este miércoles al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a «dejarse de palabrerías y ponerse a trabajar» porque los ciudadanos merecen «respeto» y no alguien que viene «a tomarnos el pelo».

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Durante su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, Guarinos ha insistido en que García-Page «puede hablar dos horas, 200 o más» porque «lo que ha demostrado es que su palabra no tiene ningún valor».

La diputada del PP, que ha reseñado que este es el «primer debate» en el que «un perdedor» lidera se sube a la tribuna «a pesar de no haber ganado las elecciones», ha pedido al presidente autonómico que «se baje del coche oficial, salga del despacho y se ponga a hacer algo positivo por esta región».

Ana Guarinos ha vuelto a referirse a las 16 medidas «en positivo, para el empleo y el bienestar social y crecimiento de Castilla-La Mancha» presentadas por su partido durante la jornada matinal y que ha entregado al presidente de la Cámara, Jesús Fernández Vaquero al término de su intervención.

Además, ha señalado que «a pesar de la imagen de moderación que pretendía dar esta mañana», el presidente regional está «más preocupado por enfrentamientos internos del PSOE» nacional, y le ha afeado que «presume de moderación pero dice ‘no’, ‘no’ y ‘no’ cada vez que Cospedal le ofrece mano tendida».

Guarinos ha asegurado que en estos quince meses de Gobierno García-Page se ha dedicado a hacer «anuncios que no sirven para nada» y compromisos que «tampoco», convencida de que «cada vez que hace un anuncio provoca risa» y resumiendo en «desgobierno, desorientación, engaños e incumplimientos» el mandato de los socialistas.

«Puede prometer 5.000» medidas, «da igual, no tiene ninguna credibilidad», ha insistido la parlamentaria del PP, que ha aludido a asuntos como las grúas del hospital de Toledo, los 3.000 dependientes «a los que se les ha quitado la prestación», o los «incumplimientos» de resoluciones aprobadas en las Cortes en materia de agricultura ecológica, Universidad, empleados públicos o renta básica.

EL PLAN DE EMPLEO «HA FRACASADO»

Continuando con las actuaciones del Ejecutivo autonómico se ha referido al Plan Extraordinario de Empleo del que García-Page «presume» pero que, a su juicio, ha «fracasado» por el número de empleos que habría creado y «porque las empresas se van, huyen de Castilla-La Mancha», algo que contrasta con la etapa de María Dolores de Cospedal, donde se «pasó de un decrecimiento del -4,9% a un crecimiento del 3,2%».

Igualmente, ha criticado que el presidente regional «se quedó de brazos cruzados, haciéndose fotos» con el problema de Elcogas, ha recordado que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares «fue un compromiso de Zapatero, de su partido», y ha lamentado que «para que le cuadren las listas de espera» han sacado a pacientes de ellas.

Ana Guarinos se ha preguntado por la renta básica anunciada, por el modelo de rescate habitacional, cuestionándose si el del Cerro de los Palos de Toledo es el modelo a seguir; por las ayudas a la maternidad «que no ha habido y han sido suprimidas», por la legionela de Manzanares (Ciudad Real), y por las acciones emprendidas en educación, donde se han cerrado escuelas.

También ha aludido a la deuda de la Comunidad Autónoma, que se ha incrementado en 617 millones de euros desde el segundo trimestre de 2015 al mismo periodo de 2016, y al cumplimiento del déficit del que «presumen», a pesar de que «lo multiplicaron y tuvieron que hacer un plan de ajuste» con «recortes» que se están aplicando «en sanidad y en otras cuestiones».

Guarinos ha instado a García-Page a proteger «la especie humana» que vive en el mundo rural, ha arremetido contra su política hídrica –que ha resumido en «cero hectómetros cúbicos Page y 400 Cospedal» mostrando un gráfico–, y ha confiado en que la transparencia «de la que tanto presume» afecte a altos cargos de la Junta como el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha pasado «de la empresa pública a la privada en siete meses».

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