El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha inhibido a favor de los Juzgados de Toledo para que investiguen la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en la concesión y ejecución en 2007 de un contrato de basuras a la empresa Sufi, filial de Sacyr, que, según el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, se realizó como contrapartida a una donación.
Así consta en un auto dictado este lunes en el que el magistrado transforma las actuaciones sobre la contabilidad B del PP en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, y en el que acuerda incoar una pieza separada sobre el contrato de basuras que se llevó a cabo, según Bárcenas, a cambio de una donación de 200.000 euros para financiar la campaña a la presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 remite estas pesquisas al juzgado decano de Toledo ante la «falta de conexidad suficiente» con la causa de ‘los papeles de Bárcenas’ dado que el propio extesorero desvinculó el caso de Toledo de las supuestas aportaciones económicas recibidas por Sacyr en la «mecánica de funcionamiento de la caja B» del Partido Popular.
Ruz añade que en el momento presente no se cuentan con elementos indiciarios suficientes que justifiquen la investigación de aforados, cuya competencia recaería sobre la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
