La directora general de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Couso, ha informado del balance “extraordinariamente positivo” de la Unidad de Atención al Profesorado (UAP), una herramienta imprescindible para atender y asesorar a los docentes castellano-manchegos que soliciten sus servicios al verse afectados por situaciones de conflicto escolar.
Tal y como ha recordado Couso, la UAP se pone en funcionamiento a raíz de la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesorado y el decreto que la desarrolla, con el objetivo de reforzar los dos pilares necesarios para que se pueda impartir educación con las máximas garantías, que son “un clima de convivencia positivo en el centro educativo y un profesorado respetado y reconocido socialmente, que goce por tanto de la necesaria autoridad para garantizar los objetivos finales de la educación en las instituciones escolares”, ha señalado Couso.
Ley de Autoridad del Profesorado
En aras de cumplir con ese objetivo, el primer paso dado por el Gobierno de Cospedal fue precisamente el impulso de la Ley de Autoridad del Profesorado en Castilla-La Mancha, aprobada por las Cortes Regionales en marzo de 2012. Esta normativa incluye medidas de apoyo al profesorado, con actuaciones encaminadas a su protección y reconocimiento. Destaca entre ellas la creación de la UAP, unidad administrativa con las funciones de atender, proteger, asesorar y apoyar al docente en todos los conflictos surgidos en el aula o centro educativo, así como en las actividades complementarias y extraescolares.
170 casos atendidos por la Unidad de Atención al Profesorado
Según ha desvelado la directora general, desde su puesta en marcha en junio de 2013, la UAP ha atendido 170 casos, ya sea a través de una llamada en directo desde los propios centros educativos a la Unidad de Atención al Profesorado (a través del teléfono 925265632), o bien a través del 1-1-2.
Según el tipo de incidente y casuística del problema, se activa el Protocolo Operativo suscrito entre la Dirección General de Organización con la Dirección General de Protección Ciudadana para la atención de Urgencias a través del centro 112. En base a ello, se personan en el centro los cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional o Guardia Civil) o, dependiendo de la naturaleza del conflicto, otros servicios como Bomberos o, en su cado, atención médica.
De los 170 casos atendidos, en 38 de ellos se ha personado la Guardia Civil o la Policía Nacional, en 24 se ha necesitado defensa jurídica, en 35 consulta jurídica, 142 han precisado de asesoramiento o información, mientras que 8 se han resuelto por mediación. En este punto, Isabel Couso ha destacado la “importancia de la labor de mediación, por medio de la cual las partes procuran un acuerdo voluntario para solucionar un conflicto sin necesidad de llegar a la justicia ordinaria”.
De igual modo, Couso ha destacado que “tanto los centros educativos como los profesores valoran positivamente la labor de escucha e interés que tiene la UAP para resolver un conflicto, motivo que nos anima a seguir trabajando en aras de garantizar un clima de convivencia proclive para mejorar el sistema educativo de nuestra región”.
