El Consejo de Gobierno ha acordado encomendar al vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, la tramitación de los correspondientes expedientes de renuncia a los privilegios por parte de los expresidentes José Bono, José María Barreda y María Dolores de Cospedal, que deben hacerse «de modo fehaciente y formal, debiendo ser presentadas por escrito ante cualquier oficina de registro público de la Administración Regional».
De este modo, el Consejo de Gobierno ha comenzado a tramitar este martes la formalización de la renuncia de los expresidentes de Castilla-La Mancha a las condiciones que la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha les reconoce en los artículos 9 y 41.3, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Se da cumplimiento así al anuncio que el jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, realizaba hace unos días en sede parlamentaria cuando trasladó que el Consejo de Gobierno plantearía a Bono que formalizara su petición de renunciar a los derechos reconocidos a los expresidentes en la Ley citada, así como a Barreda y a Cospedal, con el fin de que este órgano adopte las medidas oportunas en el orden administrativo y presupuestario.
Los citados expresidentes han anunciado, por diferentes medios, su voluntad de renuncia a los derechos de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, aunque el Consejo de Gobierno no tiene constancia formal de éstas.
Asimismo, ha acordado elevar al Consejo de Gobierno las propuestas que procedan sobre necesidades de protección por razones de seguridad personal referidas a quienes han ejercido el cargo de Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado además su intención de abrir un debate en el que todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes regionales aborden por consenso la modificación de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo.
Asimismo, ha mostrado su deseo de que esta modificación se traslade al resto de parlamentos autonómicos así como al Congreso y al Senado al ser éste un asunto que trasciende a territorios y partidos políticos.
