Esta mañana el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo acompañado del presidente de la Asociación de Ganaderos Purines Polán, Pablo Alejo Barrios han convocado a la sociedad a la concentración que se producirá mañana en Madrid frente al Ministerio de Industria. Se espera una participación de 400 castellano-manchegos.
El sector porcino, representado por Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), quieren poner de manifiesto el riesgo que supone para el sector la aprobación de los parámetros retributivos anunciados por el Gobierno, que se reducen en más de un 40%.
La propuesta de Real Decreto y la Orden Ministerial por las que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, hace una errónea equiparación de las instalaciones de tratamiento de los excedentes de purín con las plantas de cogeneración convencional, lo que resulta discriminatorio en relación a otras instalaciones de tratamiento de residuos.
Si se confirma la aprobación de dicha propuesta, se espera el cierre inmediato de todas las plantas. De hecho, la mayoría de las instalaciones de tratamiento de purín ya han paralizado su actividad ante la inminente entrada en vigor del nuevo régimen retributivo, cuya aplicación está prevista además que se realice con carácter retroactivo desde julio de 2013.
El cierre de las plantas pone en peligro la sostenibilidad de las más de las miles de explotaciones ganaderas que actualmente gestionan sus excedentes de purines en las 29 plantas de tratamiento que hay en España, 2 de ellas en Castilla-La Mancha (Consuegra y Polán) e implica la pérdida de miles de empleos directos e indirectos, en su mayoría en entornos rurales.
Estas centrales permiten a las explotaciones porcinas llevar a cabo una gestión adecuada de los purines, de manera que se pueda mantener la actividad ganadera en el territorio. La Orden no prevé ninguna solución alternativa para gestionar el problema que se genera.
En el Real Decreto 661/2007, la Administración del Estado estableció las tarifas y primas para este modo de producción de energía durante los 15 primeros años. Al amparo de estas cifras, el sector porcino apostó por el sistema de procesamiento de purines y se acometieron las inversiones industriales oportunas. Cuando aún no ha transcurrido la mitad de este periodo, en el mejor de los casos, se pretende aplicar un cambio normativo que pone en grave riesgo la continuidad de estas explotaciones.
Este cambio legislativo conllevará un nuevo varapalo para el sector del porcino. Este año ha tenido que hacer frente al recorte de apoyo en el seguro de retirada de cadáveres además de asumir las fuertes inversiones para adaptar sus explotaciones a la normativa de bienestar animal y ahora además se encuentran en una situación comprometida ante el cierre del mercado ruso.
Por todo ello, pedimos las al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Gobierno que garanticen la continuidad de las plantas y de las explotaciones porcinas que dependen de ellas. Una mesa de negociación y una moratoria en la modificación de la norma.
