El alcalde de Toledo, el socialista Emiliano García-Page, ha asegurado este lunes que le tocó «asumir el marrón» de la decisión tomada por el anterior equipo municipal, dirigido por el ‘popular’ José Manuel Molina, de adjudicar un contrato de basuras a la empresa Sufi, filial de Sacyr.
En declaraciones a los medios a su salida de la Audiencia Nacional, en la que ha declarado como testigo durante más de una hora ante el juez de Pablo Ruz, el edil ha indicado que la adjudicación concedida en 2007 a la empresa de un contrato para la recogida de basuras por un importe de 6,13 millones anuales durante un periodo de diez años, fue tomada por su antecesor en el cargo. «Podía ser legal o ilegal» pero «nos vinculaba lógicamente y nos obligó a negociar con la empresa».
«El Ayuntamiento se vio vinculado por un acuerdo y, como todos los acuerdos y los compromisos que toma un alcalde, tiene que asumirlo el siguiente, y evidentemente vinculó un compromiso de gasto laboral», ha insistido.
Según la Intervención General del Estado (IGAE), este contrato supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos establecidos por la ley. García-Page ha puesto también de manifiesto que tras su llegada al Ayuntamiento, el PSOE consiguió «reducir no solo los gastos laborales sino también otros costes indirectos».
El alcalde toledano ha indicado, además, que el equipo dirigido por Molina cerró con la empresa Sufi otro contrato dos meses antes de las elecciones sobre mantenimiento de viales por un importe de 1,4 millones de euros, «hecho en baja temeraria», es decir, con un valor anormal o desproporcionado. «De irregular no quiero calificarlo, hasta ahí no llego, esto tendría que valorarlo el juez», ha agregado.
«Yo no conozco a Bárcenas ni sé donde están los 200.000 euros, me parece que le alegraría seguramente a Cospedal pero lo cierto y verdad es que ni soy primo hermano de Bárcenas, ni lo conozco, ni me he llevado un duro en mi vida. He venido aquí a ayudar al señor juez», ha asegurado.
El alcalde ha agregado que el PP tiene que dar «una explicación contundente» sobre su actuación en este caso y ha puesto de manifiesto que la presidenta castellano-manchega «reconoció que había 200.000 euros de Génova para la campaña del PP que ahora no aparecen por ningún lado».
