El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado que su grupo va a pedir la comparecencia de los responsables del Consejo de Seguridad Nacional y de los de la Empresa Pública de Residuos (Enresa) para que den las explicaciones oportunas sobre si el futuro Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas reúne las necesarias condiciones de seguridad.
Así lo ha avanzado en rueda de prensa Martínez Guijarro, quien ha aludido al informe que el propio CSN ha elaborado pidiendo más información a Enresa, para que complete el informe geológico, geoquímico e hidrogeológico aportado a fin de resolver las dudas surgidas sobre su emplazamiento en Villar de Cañas.
Para ello, los parlamentarios socialistas quieren que comparezca en la comisión correspondiente el presidente y director del CSN y del presidente y director técnico de Enresa.
De igual modo, el portavoz de los parlamentarios socialistas ha señalado que van a presentar una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que tanto el CSN como Enresa clarifiquen este asunto antes de que se siga avanzando en la construcción del silo y gastando dinero público si no está garantizada su seguridad.
El PSOE pedirá en las Cortes que la Junta readmita a los interinos
Guijarro, ha avanzado este viernes que su partido planteará en las Cortes que el Ejecutivo regional readmita de manera «inmediata» a los interinos despedidos en el verano de 2012 y, en caso contrario, ha avanzado que van a presentar una enmienda a los presupuestos regionales de 2015 para que el Ejecutivo contemple los 30 millones de euros que costará reponer en sus puestos de trabajo a estos trabajadores públicos.
En rueda de prensa, Martínez Guijarro ha asegurado que su partido respalda el planteamiento de las organizaciones sindicales, que se han manifestado este viernes para reclamar la readmisión de estos trabajadores.
A juicio del parlamentario socialista es «injustificable» que el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal no reponga a estos trabajadores de forma inmediata después de que decidiera retirar el recurso ante el Tribunal Supremo, porque lo dio por «perdido», y sea efectiva la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anulaba esos despidos.
Dicho esto, ha preguntado quién va a asumir el coste de esos 30 millones de euros que va a suponer la reposición, pues, a su modo de ver, el Ejecutivo regional no tiene intención de asumir responsabilidades de esta acción.
