El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves con los únicos votos del PP la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, auspiciada por la presidenta de la Comunidad y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y que establece una reducción del número de diputados de las Cortes autonómicas hasta un intervalo de entre 25 y 35, frente a la horquilla vigente de entre 47 y 59 parlamentarios.
De este modo, la tramitación de la reforma continuará ahora en el Senado, tras haber recibido durante el debate parlamentario que ha tenido lugar en el Pleno de la Cámara Baja las críticas de todos los grupos de la oposición, que la tachan de «pucherazo electoral», de «atropello constitucional» y de ser «el mayor ataque a la democracia desde la Transición».
Así, PSOE, Izquierda Plural, UPyD y Compromís-Equo han votado en contra de la reforma. Según la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, se trata de «una mascarada para permitirle a Cospedal hacer una reforma a la medida de sus intereses partidistas», la cual se está sacando adelante además sin consenso, incumpliendo así «un principio democrático» fundamental.
Para el portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y coordinador federal de IU, Cayo Lara, es un «esperpento democrático» así como el «mayor ataque a la democracia representativa desde la Transición». «La razón no es el ahorro, es reducir la democracia representativa y sustituirla por la democracia partidista», ha lamentado.
Por su parte, CiU y PNV se han decantando por la abstención por «respeto», pero tras mostrar su «preocupación» y sus dudas sobre la constitucionalidad del recorte de diputados regionales que plantea la reforma. Así, el diputado de CiU Jordi Xuclá ha explicado que aunque no suelen cuestionar los Estatutos de otras Comunidades como «catalanistas» y defensores del autogobierno que son, en esta ocasión sí consideran necesario expresar su «perplejidad» en su condición de «demócratas».
En esta misma línea, el diputado del PNV Emilio Olabarria ha advertido de que la Constitución establece que «nunca se puede privar de un parlamento a una Comunidad Autónoma». «No es constitucionalmente legítimo», ha aseverado.
Una vez que la norma supere todos los trámites parlamentarios, la cifra concreta de parlamentarios deberá fijarse con un cambio de la Ley Electoral autonómica, cuya modificación comenzará a llevarse a cabo previsiblemente a partir de mediados de este año.
