Los ciudadanos de Castilla-La Mancha podrán acceder a información hasta ahora «inédita» gracias a la Plataforma web de la Transparencia y el Buen Gobierno, derivada del ‘Modelo de Transparencia y Buen Gobierno’ aprobado por el Ejecutivo regional, con el que se quiere abrir la administración a la sociedad.
Así lo ha avanzado este lunes en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, que ha reseñado que la vocación del Gobierno es tener una interrelación «clara» con los ciudadanos, que ahora podrán tener acceso a anteproyectos de ley, proyectos de reglamento o contratos formalizados por la Administración.
En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo quiere aprovechar las tecnologías de la comunicación para que los ciudadanos «participen» de las decisiones de Gobierno, hasta tal punto que no solo podrán dejar sus sugerencias en el espacio habilitado desde el 1 de marzo en la web de la Junta sino que también podrán, mediante la herramienta ‘Gobierno abierto’, debatir y completar los anteproyectos de ley.
Esteban, que ha precisado que la Junta no quiere solo «formular deseos o principios» sino plasmar todo esto de forma «clara», ha señalado que, a la espera de la normativa estatal sobre transparencia y buen gobierno, y mientras se tramita en las Cortes esta misma ley, el Ejecutivo ha considerado necesario «no esperar más tiempo para hacer la normativa» regional.
De ahí que distintos órganos de la Administración autonómica se hayan puesto a trabajar en esta materia, a través de ese espacio habilitado en la web, a modo de buzón de sugerencias, donde los ciudadanos ya han pedido transparencia, potenciar el uso de las nuevas tecnologías y sentar las bases para ampliar proyectos comunes entre ciudadanos y administración.
CINCO ÁREAS
Asimismo, ha referido, el pasado 15 de abril se mantuvo una primera reunión de la Comisión para la administración electrónica y la simplificación de trámites administrativos con la participación de todas las consejerías, donde se diseñaron 80 indicadores de transparencia y buen gobierno a aplicar en cinco áreas: información sobre cooperación, relaciones con la sociedad, transparencia económica y financiera, transparencia en contrataciones de obras y suministros, y transparencia en materia de ordenación del territorio y obras públicas.
Esteban ha recordado que el 30 de junio deberá estar operativa esta plataforma de la transparencia y buen gobierno y a finales de año «finalizada la adaptación de toda la información para todos los indicadores de la plataforma». Además, se impulsará la web institucional como un espacio de comunicación y se elaborarán informes semestrales sobre el comportamiento de los indicadores.
Leandro Esteban ha concluido su intervención destacando que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, con esta iniciativa, «tiene la intención y la valentía de acometer las reformas que deberían haberse llevado a cabo con anterioridad».
PACTO NECESARIO
De su lado, el portavoz socialista en la Comisión, Luis Santiago Tierraseca, se ha mostrado convencido de que en este momento es «más necesario que nunca un pacto por la transparencia y buen gobierno, que establezca obligaciones de transparencia de las administraciones que garanticen el derecho de todos los ciudadanos» y todo ello redunde en la confianza de las instituciones.
Tierraseca ha apuntado que la crisis social y de falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones y sus representantes, el «oscurantismo» en la concesión de ayudas, la falta de publicidad de los convenios público-privados, la «negación de datos de contratos por una confidencialidad mal entendida», la corrupción de algunos gestores políticos y la «sustitución de funcionarios aptos por personal adepto», hacen necesario «que todos nos impliquemos».
«La corrupción se ha encaramado a los primeros puestos de las preocupaciones de los españoles, junto al paro y la crisis y los gobiernos deben incorporar acciones contra la corrupción en todas sus decisiones», ha argumentado el socialista, que ha defendido también una ley para «recuperar la confianza en la política».
Un texto, ha dicho, que refleje las retribuciones claras y públicas de todos los altos cargos del Ejecutivo y los parlamentarios, el derecho al acceso a la información por parte de los ciudadanos y el deber de la administración de facilitarla, compromisos explícitos de transparencia, que todos los ciudadanos puedan ejercer la política y que se excluyan las donaciones a partidos que estén en colisión con el interés general y que el Gobierno «haga públicos los datos de ejecución presupuestaria trimestralmente, que ya no se hacen públicos».
Por su lado, el diputado del Partido Popular José Manuel Tortosa ha aprovechado su turno de palabra para defender la necesidad de «alcanzar mayores niveles de transparencia para recuperar la credibilidad perdida de las instituciones».
