El PSOE de Castilla-La Mancha apoyará «sin fisuras y dudas» la convocatoria de huelga de este jueves, día 24, contra una ley de educación «antisocial, injusta y mediocre técnicamente hablando» y que incluye mecanismos «que jamás conseguirán su fin».
En rueda de prensa, la secretaria segunda de la Mesa de las Cortes y diputada socialista, Blanca Fernández, ha destacado que «el único hito histórico de la ley Wert ha sido aunar a toda la comunidad educativa» —docentes, padres, madres, alumnos y sindicatos educativos— en su contra «de forma unánime».
Ha destacado que esta sea la primera vez que un gobierno «se atreve a aprobar en solitario» una ley educativa, que se pretende «dar marcha atrás» con esta convocatoria de huelga, y ha recordado que «todo el arco parlamentario ha firmado un pacto y acordado que cuando el PP pierda su mayoría absoluta esta ley de educación se cambiará por otra».
«Necesitamos una ley de educación consensuada por todos y el Partido Popular no estaba por la labor», ha precisado Fernández, que ha indicado que en Castilla-La Mancha «la huelga está doblemente justificada» porque hay «7.000 docentes menos trabajando en aulas, aulas masificadas, docentes que no tienen los refuerzos que deberían y alumnos que se quedan sin becas».
A su juicio, la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, tienen el «premio en excelencia recortadora», al igual que ha sucedido en el resto del país, donde se han recortado becas, despedido «a miles de docentes» y recortado «indeciblemente los recursos en materia educativa en la educación pública».
Para Fernández, si a nivel nacional estas protestas están justificadas, “En Castilla-La Mancha están doblemente justificadas porque todos los elementos que sustentan la educación pública en la región se están dinamitando de forma sistemática por Cospedal y Marín”
LEY QUE «NACE MUERTA»
La diputada socialista ha criticado una ley que «nace muerta» y que va a ser «absolutamente ineficaz y claramente ideológica», que «pondrá la etiqueta a los alumnos» en función de si «tienen altas o bajas expectativas educativas. Si eres agraciado tendrás posibilidad de seguir estudiando, si la etiqueta es la de baja expectativas se encaminará a la Formación Profesional», una «salida muy buena para estudiar pero que no se debe determinar desde la infancia».
Además, ha asegurado que con el nuevo texto el director «se nombrará a dedo por la administración y se le dan poderes inmensos como a un pequeño dictador dentro del centro que meramente tendrá el claustro y el consejo con funciones informativas, de tal forma que pondrá vetar a docentes, sean interinos o funcionarios de carrera».
«Vamos a un modelo radicalmente distinto y que nadie piense que esto es un conflicto laboral porque los maestros están defendiendo sus condiciones laborales porque no se trata de esto sino de algo de mucho mayor calado e importancia», ha manifestado, convencida de que «el modelo está en apoyar la integración y ahora se pretende radicalmente lo contrario».
