La diputada nacional de Unidos Podemos, Eva García, ha dado a conocer este miércoles en Toledo que su grupo parlamentario realizará una interpelación en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno central que «no se esconda» y dé una solución al problema medioambiental del río Tajo.
García, que ha estado acompañada del coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo; el presidente de la Plataforma en Defensa del Tajo, Alejandro Cano; y el coordinador provincial de Ecologistas en Acción, Roberto Oliveros; ha señalado que para darse cuenta de que lo que se está haciendo con el río Tajo es «un delito medioambiental», «solo falta tener dos ojos».
Así lo ha expresado durante la habitual concentración que convoca la Plataforma en Defensa del Río Tajo en el Puente de San Martín de Toledo, después de que la Fiscalía General de Medio Ambiente comunicara que archivaba las diligencias con respecto al posible delito contra el medio ambiente por la situación del río Tajo ya que «con la información disponible hasta la fecha, no se ha acreditado la existencia de daños ni riesgos» para el entorno.
Asimismo, ha argumentado que la Fiscalía tampoco ve delito en relación con el amianto del barrio de Santa María de Benquerencia algo que, a su juicio, «tiene mucho que ver con una desigualdad social evidente», pues no hay «grandes acumules de amianto en zonas ricas», y por el contrario están en sitios con mayor vulnerabilidad social.
«Por eso queremos incorporar el derecho de un medio ambiente sano como derecho de tener una calidad de vida suficiente», ha puesto de manifiesto la diputada nacional.
«DESAMIANTADO»
García ha explicado que sobre esta problemática que ocurre también en otros lugares del país se está trabajando en «una línea concreta» para llevar al Congreso el «desamiantado» y también los fondos de compensación. «Estos fondos tendrían que empezar a nutrirlos las empresas que se han lucrado durante tantos años. No puede ser que de los casi 22.000 casos de enfermedades relacionados directamente con el amianto, solo se hayan resuelto 24; y esos son personas que van a morir sabiendo que no se les va a dar ningún derecho».
En este sentido, Juan Ramón Crespo ha señalado que la Fiscalía dice que el delito por el amianto en Toledo ha prescrito y, sin embargo, las enfermedades a causa del amianto aparecen 20 o 30 años después y la prescripción de delitos llega «cuando se conoce el daño», por lo que es algo «cuestionable».
De su parte, el representante de Ecologistas en Acción ha criticado que la Fiscalía diga que no hay indicios de delito contra el medio ambiente en la cuestión del río Tajo. «Se justifica como le da la gana en que no tiene suficiente conocimiento de la situación. Yo puedo tener mil estudios encima de la mesa pero si no abro la primera página y los leo, difícilmente se puede conocer».
Coincidiendo con Oliveros, Alejandro Cano ha dicho que es necesario asumir la legislación que tiene España en materia de agua «porque hasta ahora se está burlando» y más con un Pacto del Agua que lo que pretende es «burlar la Directiva Marco del Agua».
«No es de recibo que el Ministerio nos recuerde a los ciudadanos que tenemos que cerrar el grifo al lavarnos los dientes, cuando consumimos un 10 o 12 por ciento de agua; y en regadíos insostenibles se va hasta el 85 por ciento», ha concluido.
IU PREGUNTARÁ A LA JUNTA SOBRE GICAMAN
En otro orden de asuntos, Juan Ramón Crespo ha dado a conocer que su grupo político solicitará al Gobierno regional y, concretamente, a la consejera de Fomento, Agustina García Élez, que explique qué gestión está llevando a cabo la empresa Gicaman con respecto al patrimonio de viviendas públicas porque «allá donde lo gestionan –y ha ejemplificado en Toledo, Puertollano y Guadalajara– está habiendo problemas». «La Junta lo está haciendo muy mal», ha sentenciado.
