Sentirnos orgullosos de lo que somos como españoles es algo que llevamos en  cada uno de nosotros. Nos regocijamos de nuestros éxitos  mundiales en fútbol o balonmano o baloncesto. Nos sentimos orgullosos de que el arte español se distinga en los  “Oscar”, en la arquitectura de Calatrava o en la demanda de museos de primera entidad por colgar un “Antonio López”.

Sin  duda alguna la capacidad de los españoles es sobresaliente. El escaparate que lo anterior muestra de España es sensacional.

Pero la MARCA ESPAÑA debe tener en cuenta otras consideraciones no menos importantes pues  las noticias  diarias, reflejo de la realidad,  coadyuvan mucho o por el contrario infravaloran la confianza que desde el exterior se tiene de nuestra nación y las capacidades de sus gentes.

Leo en el  periódico  provincial  LANZA  que los cálculos, por técnicos de la Agencia Tributaria, sobre fraude fiscal  y economía sumergida ascenderían a 1200 millones de euros en la provincia de Ciudad Real, con el referente de hace tres años, y que en Castilla-La Mancha esos  mismos parámetros  ascenderían a  3.500 millones de euros.

No soy capaz de extrapolar los datos a nivel nacional, habría que tener en cuenta múltiples variables pero si tenemos en cuenta que Castilla-La Mancha, con el referente de la renta media de España/UE, estaba  no hace más de dos años en  el 80,6, casi 20 puntos por debajo de ese indicador y que el fraude puede tener cierta correlación con los niveles  de renta y producción, a lo mejor en ese punto negro de la economía española  nos encontraríamos con cantidades que superen los 100.000 millones de euros de fraude fiscal y economía sumergida en el periodo de un año.

Eso también se maneja cuando nos ponemos a analizar la MARCA ESPAÑA, cuando intentamos poner  de relieve lo bueno de nuestra nación y sus ciudadanos. Esos espeluznantes datos ponen de manifiesto que algo falla en el propio sentido cívico y ético  de muchos agentes económicos y en la labor de control del estado. En ambos sentidos es urgente actuar; labor inspectora y sancionadora del Estado y acción pedagógica  con la ciudadanía.

Ese dato no es un dato de excelencia y por tanto es algo a tomar muy en consideración. De la corrección de esa lacra social y económica se desprenden  criterios de justicia, de ahorro, de mejor distribución de la acción del estado, etc., e incluso acción persuasoria contra la rebeldía fiscal de quienes sí son cumplidores con sus deberes.

Este argumento ya lo he repetido múltiples  veces en distintos artículos. Pero también quiero reiterar que excelencia no es sinónimo de cantidad.

España, nuestra Comunidad y muchos de nuestros pueblos, han  logrado altos niveles de desarrollo si  cuantificamos las cosas hechas en sanidad, carreteras, educación, zonas para instalaciones industriales, transformación en regadíos con modernos sistemas, etc.  Ahora, como dije en 2008, corresponde una  etapa de más  rigor, de toda la  seriedad, y  de  la auténtica subsidiariedad de las administraciones públicas respecto de la capacidad de la propia sociedad  civil, que siempre será  sometida a criterios de austeridad, control y transparencia cuando su funcionamiento dependa de fondos públicos.

No siempre se pueden hacer más cosas, pero sí continuamente se pueden hacer las cosas mejor.

Esos criterios de excelencia; rigor, persecución del fraude, cosas bien hechas y necesarias, etc.,  vendrían a dar más valor a nuestra MARCA ESPAÑA, por el aumento en la buena percepción que otros obtendrían de cómo hacemos las cosas en nuestra nación.

Hay que sumar  la eliminación de privilegios, ya se habla mucho de los grandes privilegios a extinguir, pero también  de  los múltiples  usos, en pequeñas dosis, que de lo público hacen los particulares que están al servicio de la cosa común, quién no ha visto cómo se hacen recorridos en coches públicos para cometidos particulares…por poner algún ejemplo muy visible.

 El mundo de los ordenadores tiene programas para control de todo, hay estadísticas y módulos  para ver desviaciones de la  media  en cualquier  epígrafe de gasto, es cuestión de voluntad política,  de políticos con ideas claras y técnicos preparados para ello sin que ni unos ni los otros confundan sus papeles.

Los fondos provenientes de la persecución del fraude fiscal, de la eliminación de privilegios, del control que los particulares hacen de lo público y de los múltiples ahorros que se pueden hacer en la gestión de las entidades públicas, supondrían una bolsa, por  mayores ingresos y menores gastos,  que bien podría ser, por ejemplo, fuente de apoyo a  la creación de empleo. Y sería, sobre todo y muy principalmente, de  generación de confianza de los administrados  en quienes administran lo de todos.

Estamos en el momento de la excelencia, pero por referirme a un aspecto económico  no puedo dejar de pensar que contra la MARCA ESPAÑA,  y el sentido que de nuestro país  tenemos  nosotros mismos, hay otros múltiples aspectos;  corrupción, telebasura, confundir acción social y solidaridad con expolio social, sobrevaloración económica de¿ personajes  del espectáculo? frente a bolsas de pobreza, etc. y eso también lo ven otros más allá de nuestras fronteras, que sin  ser perfectos nos exigen esa excelencia, a veces sin mirarse a ellos mismos. Pero eso es otro cantar.