La Comunidad General de Regantes del Acuífero 23 ha interpuesto un contencioso-administrativo al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) al considerar que «no ha habido transparencia y se están vulnerando los derechos históricos de los regantes».
Según han asegurado en rueda de prensa en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), el PEAG reduce la dotación anual de riego a 1.000 metros cúbicos por hectárea, lo que supone la mitad de la actual.
Esta Comunidad del Acuífero 23 está formada por más de 6.500 comuneros de las demarcaciones Mancha Occidental I (comarca de Daimiel), Mancha Occidental II (comarca de Alcázar de San Juan) y Rus Valdelobos (comarca de Villarrobledo), que engloban 92.000 hectáreas de explotación y 8.757 pozos.
Los regantes continúan unidos ante una situación que llevan tiempo denunciando. La Confederación Hidrográfica del Guadiana les instó a constituir tres comunidades de usuarios en torno a las tres grandes masas de agua subterránea que comprende el Acuífero 23, Mancha Occidental I y II y Valdelobos, lo que supondría «dejar vacías de contenido» las comunidades base de cada localidad, con la consecuente «pérdida de trabajo» que podría afectar a los trabajadores de estas entidades.
Para la presidenta de la Comunidad de Alcázar, Araceli Olmedo, «la gota que colmó el vaso fue la aprobación del Plan Especial del Alto Guadiana, desoyendo los informes y estudios presentados por los regantes, así como sus demandas», puesto que «reduce la dotación del consumo anual de agua para riego a la mitad. Y esto, a pesar que ha aumentado la superficie de regadío y que el Acuífero se encuentra en niveles óptimos».
A todo esto se suma que está sin resolver el problema de los pozos sin regularizar de las explotaciones prioritarias y que el control del consumo lo realizan en la actualidad los propios regantes, puesto que la Confederación retiró la vigilancia por falta de presupuesto.
La Comunidad de Regantes del Acuífero 23 solicita «que se dejen las dotaciones como están», y de momento se ha pedido la prórroga durante 2016, hasta que se constituyan las comunidades de usuarios, y que se «respeten» sus derechos de autogestión, independientemente de la nueva fórmula impuesta. Todo el sector agrario que comprende el Acuífero 23 apoya a los regantes porque la reducción de la dotación de riego «amenaza la viabilidad de las explotaciones agrarias», ha apuntado Olmedo.
El próximo jueves, 5 de noviembre, tendrá lugar una Asamblea Informativa en Alcázar de San Juan, en la que estarán presentes todos los presidentes de las distintas comunidades de base del Acuífero 23, para decidir qué quieren hacer al respecto del Plan.
COMISIÓN GESTORA
Después se iniciará el proceso de constitución de las tres comunidades de usuarios, a través de tres asambleas que elegirán la Comisión Gestora para la redacción de Estatutos (que ya tienen elaborados y a los que la Confederación no ha dado respuesta), para aprobar los citados Estatutos y para elegir a los representantes de la Junta de Gobierno y el Jurado del Agua.
Los regantes defienden que en estas nuevas comunidades tengan representación todas las comunidades base y que se sigan gestionando como hasta ahora, algo que contemplan también en los borradores de los Estatutos de cada masa que, hace tres años, elaboraron tras una Asamblea de la Comunidad General celebrada en Tomelloso, que contó con la unanimidad de todos los regantes.
El presidente de la Comunidad General de Regantes, Agustín Apio, ha manifestado que el Plan «no tiene justificación técnica» y se basa «en una decisión política». El presidente de la Comunidad de Manzanares, Bernardo Roncero, ha afirmado que son «una piña» y no van a consentir que terminen con ellos y pierdan su patrimonio.
Por su parte, el presidente de la comunidad de Campo de Criptana, Pedro Muñoz y Arenales de San Gregorio, José Vela, ha subrayado que llevan «mucho tiempo trabajando por conseguir mejores resultados y dotaciones que nos permitan sacar adelante nuestras explotaciones y ahora estamos más unidos que nunca».
