La Constitución Española de 1978, aprobada mediante referéndum el 6 de diciembre de ese año, supuso el comienzo de una nueva etapa en la Historia de España.
La Constitución pretendía resolver los graves problemas que habían atenazado nuestra historia durante los siglos XIX y XX. Guerras Civiles, incontables constituciones, inestabilidad de los gobiernos, etapas con carencia de democracia, derechos y libertades, dictaduras.
Tras la muerte del Dictador Franco, España necesitaba hacer tabla rasa de ese pasado tan convulso, abrirse al dialogo, posibilitar soluciones a los graves problemas nacionales, de carácter histórico, y proponer soluciones de consenso para toda una generación.
Una de las grandes cuestiones históricamente pendientes era lograr un modelo de convivencia con el reconocimiento del derecho a la Autonomía de Nacionalidades y Regiones. De ahí emanaron los diversos Estatutos de Autonomía.
Es obvio que muchas de las Autonomías hoy existentes no tenían un componente histórico o singular. Es más, nadie pensaba a priori, que se constituyesen en Comunidades Autónomas. El devenir de los acontecimientos durante la Transición Democrática, principalmente en lo referente a Cataluña y País Vasco, y en menor medida Galicia y Andalucía, devinieron en la apertura de un proceso político que se extendió por todo el territorio nacional. Todo concluyó en la elaboración de diecisiete Estatutos de Autonomía y el reconocimiento de dos ciudades autónomas. Ese es el mapa que se ha ido consolidando a lo largo de las últimas cinco décadas.
Todos sabemos que Castilla-La Mancha no existía como entidades políticas antes de 1978, pero nuestra tierra se constituyó en Comunidad Autónoma ejerciendo el derecho a la autonomía que la Constitución Española reconoce y garantizaba dentro de la indisoluble unidad de la nación española tal y como establece el artículo 2 de la Constitución Española.
Así, en el año 1982, Castilla-La Mancha accedió plenamente a su autogobierno tras la aprobación por las Cortes Generales de su Estatuto mediante la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto. El 8 de mayo del año siguiente se celebraron las primeras elecciones a las Cortes de Regionales, iniciándose así un proceso que iría conformando la estructura política, jurídica y administrativa y competencial de la región.
Es obvio que nuestra Comunidad Autónoma se justificaba plenamente por ser útil a la ciudadanía a través de la prestación de servicios públicos cercanos y de calidad, las mejoras en nuestro desarrollo y el impulso económico y social de nuestras actuaciones. Desde ese momento Castilla-La Mancha contribuye con absoluta lealtad, solidaridad y sentido de la unidad al desarrollo de la nación española.
Castilla-La Mancha fue el resultado de un acuerdo político, lo que ha hecho de nuestra Región un espacio de encuentro, diálogo, convivencia y respeto, que se sustenta sobre una rica historia.
En estos más de cuarenta años, el Estatuto de Autonomía ha cumplido los objetivos marcados desempeñando un papel crucial en el desarrollo económico, social y político de la región, configurando una sociedad cohesionada, integradora, esforzada, con capacidad innovadora y emprendedora, que goza de una estabilidad envidiable en medio de un mundo convulso. Un marco de referencia que ha ido dando fortaleza a la identidad regional.
El autogobierno, ha posibilitado mayor capacidad de gestión de los recursos públicos en educación, sanidad o servicios sociales, mejorado el nivel de vida y el bienestar de su ciudadanía. Competencias estas que son claves en el Estado del Bienestar y que han hecho posible una gran transformación en los servicios prestados, accediendo a derechos y libertades en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía del país. Objetivo este absolutamente irrenunciable.
Hoy el Estado de las Autonomías es un hecho irreversible. Hemos de seguir avanzando. Las importantes transformaciones producidas y la consecuente evolución de la sociedad motivan una revisión del contenido del Estatuto de Autonomía, adecuándolas a una sociedad más igualitaria, moderna, dinámica, abierta y cambiante.
Se opta por un Estatuto de Autonomía adecuado a un tiempo nuevo que nos permita trazar el camino del futuro, ahondando en el autogobierno de Castilla-La Mancha, mediante el blindaje de los derechos sociales de la ciudadanía, la garantía de la igualdad de las personas y los territorios, la solidaridad, la cohesión territorial y la atención a las necesidades específicas de los distintos sectores poblacionales, especialmente de aquellos más vulnerables. Refuerza la cooperación entre instituciones, fomenta la sostenibilidad medioambiental y el equilibrio territorial.
El nuevo Estatuto, consensuado entre las dos fuerzas políticas más representativas en las Cortes de Castilla-La Mancha, es reflejo de la evolución de la sociedad en su conjunto, con el diálogo social como componente básico de nuestro modelo democrático, e instrumento para el crecimiento y desarrollo socioeconómico.
Se blinda en él la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, la atención a las personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad y exclusión económica y social. Se garantiza, afianza y fortalece la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política.
Garantiza el pleno desarrollo y la equidad de las zonas rurales, la cohesión territorial y la lucha efectiva contra la despoblación. Se asegura el derecho a un desarrollo integral de todos los territorios de nuestra región, protección de nuestras tradiciones, el patrimonio histórico y cultural, los propios recursos y el medio ambiente, incluyendo la lucha contra el cambio climático.
Añade medidas que mejoran la capacidad de autogobierno de Castilla-La Mancha, la representatividad de las Cortes regionales, así como la agilidad en la toma de decisiones, con figuras que permitirán dictar medidas de carácter urgente y extraordinarias.
Se abre a la posibilidad legal de reconocer áreas metropolitanas y entidades locales autónomas, y comarcas de carácter histórico ahondando en la colaboración y cooperación con las entidades locales.
Entiende de la importancia de reforzar las relaciones institucionales y de cooperación con el Estado y el resto de Comunidades Autónomas, así como las relaciones con las Instituciones europeas.
Se consolida el bloque competencial de acuerdo con el reparto constitucional de competencias y se vigorizan aquellas que resultan más esenciales para la ciudadanía, como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Y se regula, a su vez, competencias y deberes en relación a la protección de sus recursos naturales, especialmente el derecho al agua y el cuidado de los caudales ecológicos.
Se establecen actuaciones efectivas para la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial y se regulan nuevas competencias como las referidas a la inteligencia artificial o la acción contra el cambio climático.
Pero no podemos dejar fuera una circunstancia tan fundamental como el garantizar la adecuada financiación que ha de ser suficiente, con acceso a los recursos en igualdad de condiciones con el resto de los españoles, y la garantía de que se garantice plenamente el coste efectivo de los servicios públicos.
Pero no deja de ser importante el procedimiento establecido para su reforma, de tal manera que está siempre tendrá que ser por consenso al requerir el voto favorable de tres quintos de los miembros de las Cortes, impidiendo así reformas que desvirtúen la voluntad de consenso con el que ha sido concebido este nuevo Estatuto.
