El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves la Proposición de Ley relativa a la determinación de la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias en Castilla-La Mancha gracias a los votos a favor de PSOE y PP, en un debate en que Vox ha rechazado el texto, votando en contra.

El diputado socialista Antonio Sánchez Requena ha sido el encargado de defender el dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sobre la norma, para destacar que esta normativa es fruto del consenso y el diálogo entre los partidos mayoritarios.

«Para poder ir de la mano hay que practicar mucho el diálogo, construir confianza y de ahí pasamos, como hacemos gala en Castilla-La Mancha, a los grandes consensos que nos permitan avanzar en mejores condiciones para afrontar los retos de presente y de futuro», ha manifestado.

Ha destacado que el criterio seguido para desarrollar esta Ley es el de igualdad, por lo que ha afirmado que todas las organizaciones que pretendan alcanzar esa representatividad tienen que cumplir las mismas condiciones «en un momento determinado». «Por tanto los criterios que se adoptan son bastante objetivos y razonables».

«Mediante esta Proposición de Ley cumplimos por tanto con lo que dice nuestra Carta Magna en el artículo 105 en el que regula la audiencia de los ciudadanos directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley», ha dicho.

En este punto, ha dado las gracias al Grupo Parlamentario Popular por la labor desarrollada en todo este procedimiento, «puesto que su actitud ha sido absolutamente constructiva en todo momento con una vocación de hacer mejor la normativa la ley que hoy pretendemos aprobar».

«Debemos felicitar al Grupo Parlamentario Popular y nos debemos felicitar todos de que cuando hablamos de cuestiones importantes, desde puntos diferentes, seamos capaces de alcanzar consensos en beneficio de nuestra tierra», ha manufestado Sánchez Requena

Por último, y porque se ha mostrado convencido de que con esta normativa se va a contribuir a clarificar «todos esos procedimientos de interlocución ante la administración y a dar mayor certidumbre al sector, ha pedido al Grupo Parlamentario Vox que admita que esta es una Ley «necesaria» que cumple «con el sentido común» y ha pedido que la apoye para que salga un por un «consenso total».

VOX LO VE «UNA MANIOBRA TORTICERA»

El presidente del Grupo Parlamentario Vox ha defendido la postura de su partido en contra de esta Ley para afirmar que se trata de otra «maniobra torticera» del PSOE y del PP y señalar que es una norma «sin dedicación, con prisas, sin haber tomado la opinión de todos los representantes y habiendo obviado todos y cada uno de los informes preceptivos y vinculantes que son necesarios si se hubiese tramitado como ley y no como proposición de ley».

«Ello hace que tengamos un texto que no es el mejor para el campo y que no garantiza la representatividad de las organizaciones agrarias, que ya sean grandes o pequeñas, tienen derecho. Debería ser una ley de reconocimiento de representatividad al campo, sin distinciones y, por supuesto, sin discriminaciones», ha sostenido.

Es por ello por lo que ha señalado que el Grupo Parlamentario Vox mantiene sus enmiendas y exige que los criterios que se adopten en esta Ley tengan «carácter transitorio» hasta que se convoquen elecciones al campo en un plazo no superior a dos años, al tiempo que ha lamentado que no haya habido un trámite de audiencia pública y que ‘populares’ y socialistas la hayan tramitado «de una forma oculta».

«Desde Vox les hemos presentado una solicitud para que se paralice la tramitación de esta Proposición de Ley y consideramos necesario que el Consejo Consultivo emita un dictamen previo a su aprobación al ser necesario e imprescindible por su trascendencia y su repercusión en el sector agrario regional», ha manifestado.

Requena ha vuelto a subir a la tribuna de oradores para señalar que las enmiendas de Vox «no mejoran» lo que plantea esta Proposición de Ley y afirmar que «no son en absoluto constructivas» al plantear «dificultades obvias». Así, ha indicado que harían más difícil aplicar esta normativa, por lo que ha reiterado el rechazo a las mismas.

PP CREE QUE NACE «DE LA REALIDAD»

El diputado del PP Santiago Lucas-Torres ha afirmado que esta es una Ley que nace «de la realidad» del sector, «no de los intereses políticos ni de las ocurrencias de nadie», para agregar que se trata de una transposición de la normativa nacional adaptada a la realidad de la región.

«Una ley que no excluya a nadie, pero sí exige algo esencial, que quien representa al campo lo haga con legitimidad, con trabajo, con estructura y con presencia real en nuestra región», ha dicho, para añadir que «sin campo no hay alimentos, sin agricultores no hay pueblos y sin organizaciones agrarias profesionales fuertes no hay interlocución válida para las administraciones».

Es por ello por lo que Lucas-Torres ha defendido que esta Ley «no es un trámite» y que con ella se da un mensaje político «claro» y un compromiso institucional «serio». «Porque Castilla-La Mancha es viñedo, es cereal, es pistacho, es ajo, es almendra o es olivar, pero sobre todo es campo y campo con dignidad, y esa dignidad empieza por respetar a quienes lo representan».

«Por eso, desde esta tribuna decimos alto y claro, sí a una representación agraria legítima, sí a las organizaciones que trabajan por el campo, sí a una ley justa, profesional y moderna, y no a quienes quieren vaciar de contenido esta norma», ha remarcado, para volver a mostrar el apoyo del PP para que «este Parlamento diga sin fisuras que el campo tiene voz, derecho y no se toca».

«PASO FIRME Y NECESARIO»

En una rueda de prensa anterior al inicio del pleno, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha señalado que con la aprobación de esta Ley se da un «paso firme y necesario» hacia la modernización de la legitimación y del diálogo entre el sector agroalimentario y la propia administración, en una nueva norma «que pone de manifiesto el compromiso con el sector y que atiende la reivindicación histórica que desde hace muchísimos años se viene pidiendo».

También ha destacado que se ha desarrollado con el «consenso técnico», el diálogo y el respeto a la pluralidad del tejido agrario regional, y que viene a superar además un «vacío normativo» que existía desde hace más de 45 años en la Comunidad Autónoma y que establece.

«Va a establecer además un procedimiento claro, transparente y adaptado a la realidad actual de nuestro sector y de nuestra región, recogiendo las inquietudes que sin lugar a dudas son necesarias para los tiempos que en estos momentos estamos viviendo», ha sostenido.

A ello ha añadido que da seguridad jurídica y estabilidad institucional, garantizando la interlocución con entidades que acreditan su representación «porque están implantadas en toda la región, realizan una actividad de defensa del sector agropecuario continuada en el tiempo y tienen un compromiso «claro y contundente» con el interés general del sector.

Ya dentro del pleno, el consejero ha dado un especial agradecimiento tanto al Grupo Parlamentario Socialista como al Grupo Parlamentario Popular «por ese trabajo concienzudo» que han venido realizando, mientras que ha afeado a Vox «el papelón» que ha hecho delante del sector agropecuario y ha tachado sus argumentaciones de «flojas»

«Ha hecho alusión a que esta no es una buena ley ¿Lo preguntamos ahí arriba a ver qué es lo que dicen?», ha preguntado Lizán a Vox, para reprocharle también que diga que es una normativa apresurada y defender que después de 48 años «ya tocaba». Además, ha afirmado que Castilla-La Mancha va a ser la primera comunidad autónoma que legislará en materia de representatividad agraria,