La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aprobado la creación de una Oficina de recepción de denuncias de delitos de odio y ofensas por motivos religiosos y, por otro lado, están preparando un plan contra la ponografía.

Así lo ha anunciado el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, este viernes, en rueda de prensa, tras la 270 reunión de la Comisión Permanente, que ha tenido lugar los días 17 y 18 de junio de 2025 en la sede de la CEE, en Madrid.

En concreto, con respecto a la nueva oficina estará coordinada por la Vicesecretaría para Asuntos Generales y la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso.

Los objetivos son: «la promoción de la defensa de la libertad religiosa; elaborar y difundir un informe anual de delitos y ofensas contra los fieles católicos por motivos religiosos, mediante recopilación y registro de datos; sensibilizar y ofrecer orientaciones a las diócesis ante la vulneración de la libertad religiosa; y mantener el contacto con otras confesiones religiosas y organizaciones nacionales e internacionales».

Sobre los motivos para poner en marcha esta oficina, García Magán ha explicado que nace ante la constatación del problema de los delitos de odio y después de que el PSOE propusiera suprimir el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.

«Teniendo en cuenta el cambio legislativo del Código Penal español, que deja de tipificar algunos de los delitos de odio contra sentimientos religiosos, pues se ha considerado oportuno también dentro de ese ejercicio de democracia en sentido abierto», ha indicado el secretario general de la CEE.

Además, ha recordado que otras instituciones y organismos internacionales, como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, ya monitorean los casos de delitos de odio.

En todo caso, García Magán ha puntualizado que «la Iglesia en España no está perseguida» –a diferencia del «drama» que se vive en otros países, como «Nigeria»– pero ha advertido de que en España «a veces sí se dan delitos de ofensa a los sentimientos religiosos y a realidades que para un creyente, católico, cristiano, tienen un valor muy especial». «Siempre hay déficit en esa tutela o en esa protección», ha añadido.

Por otro lado, los obispos están preparando un plan contra la pornografía, «un problema con unas consecuencias amplias» como las que tienen que ver con «la violencia contra la mujer», que están observando en el ámbito educativo e incluso en la catequesis y que consideran «preocupante».

«Vemos a chavales preadolescentes que pueden ver que el otro o la otra es un instrumento donde puede establecer relaciones de dominio y de posesión, ignorando la dignidad de la otra persona», ha expresado García Magán.

Además, ha denunciado «una incoherencia», que aunque las generaciones actuales reciben educación sexual, se observa «un incremento de estas situaciones de dominio» que «terminan en nuevas esclavitudes contra la mujer».

En una fase previa, se ha creado un equipo de trabajo con expertos y ahora trabajarán de forma transversal las Comisiones Episcopales para la Pastoral social y Promoción humana; Laicos, Familia y Vida; Clero y Seminarios; Vida Consagrada; Evangelización, Catequesis y Catecumenado; Educación y Cultura; y Comunicaciones Sociales.

En la Asamblea Plenaria de noviembre, los obispos presentarán un plan articulado sobre tres ejes: concienciar, prevenir y acompañar.

Por otro lado, sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de migrantes, el secretario general de la CEE ha recordado que el presidente de la CEE, se reunió el pasado martes con diputados del PSOE y del PP con el objetivo de «llegar a un acuerdo».

«La Iglesia, ante este problema y con la doctrina social en la mano, sin duda está comprometida y se adhirió a esta ILP que ha recogido 600.000 firmas. Y lo que les han pedido en esa reunión a los dos grupos parlamentarios mayoritarios es que lleguen a un acuerdo para solucionar el caso difícil de muchas personas que quieren integrarse en la sociedad, que quieren trabajar, aportar al bien común y que encuentran no pocas trabas de carácter administrativo, legislativo, burocrático y, a veces, entran en bucles de los que es difícil salir», ha incidido.