La sociedad y nuestra democracia han avanzado hasta consolidar muchos de los derechos sociales que hoy disfrutamos muchas de las personas de nuestro país. Sin embargo, nos siguen quedando deudas democráticas pendientes por solventar con respecto a los derechos de las personas LGTBI+.
A pesar de que en el papel figura que todos y todas somos iguales, lo cierto es que temas como las violencias, dentro y fuera del trabajo, siguen incidiendo y afectando a las personas del colectivo LGTBI+. Y no solo eso, la atención por parte de las administraciones a aquellas cuestiones relativas a sus derechos y sus necesidades propias son constantemente abandonadas o ignoradas.
Esto se evidencia en hechos concretos: a pesar de que existen una ley estatal y una ley regional que reconocen y protegen los derechos del colectivo LGTBI+, las personas LGTBI+ ni siquiera son mencionadas en el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Por tanto, sus derechos no quedan reflejados ni blindados en un documento que pretende garantizar los derechos y servicios de toda la ciudadanía. También lo vemos cuando algunos ayuntamientos recurren a triquiñuelas para prohibir la participación de mujeres trans en el deporte, cuando eliminan las concejalías de Igualdad y las sustituyen por concejalías de Familia, cuando organizan charlas con contenido LGTBI+fóbico en nuestros pueblos o cuando se niegan a reconocer al colectivo evitando colgar la bandera LGTBI+ en los balcones de las instituciones que nos representan a todas, con el único fin de invisibilizar.
Pero también lo es cuando vemos que, a pesar de haber una ley regional que pone en marcha una serie de mecanismos como el Consejo LGTBI+, un órgano consultivo y de participación ciudadana en materia de derechos y libertades de las personas LGTBI, después de varios años, aún no ha sido convocado.
Y, mientras tanto, la extrema derecha está jugando a ponernos de enemigo al que tenemos al lado, y a quienes se creen sus cuentos y falacias tenemos que decirles que el enemigo está fuera. Que enemigo no es a quien sienta o desee a equis persona o quien decide que su género no es el que se le ha asignado, sino que nuestro enemigo es quien nos explota, quien no quiere que se suba el SMI para que de nuestra necesidad salga su riqueza, o quienes no quieren reducir la jornada porque eso significa más tiempo para cuidar, pensar y organizarnos.
Quienes queremos cambiar las cosas tenemos que sentarnos y ver dónde están los déficits y qué podemos aportar entre todos y todas para mejorar las condiciones de las personas LGTBI+ en nuestra región. Porque, si esto no se hace, lo único que estaremos haciendo es condenar al colectivo, como región, al sexilio, porque nadie quiere vivir en sitios invivibles y donde no se respetan sus derechos.
Y es ahí donde las Comisiones Obreras tenemos claro qué queremos, social y, sobre todo, laboralmente. Queremos que los trabajos sean espacios seguros y no que, como en la actualidad, se den cifras como que el 55 % de las personas LGTBI+ considera que su orientación sexual o identidad de género dificulta su promoción profesional; que una de cada diez personas LGTBI+ en España ha recibido un trato desigual en el trabajo; que el 68,2 % de las personas trans empleadas considera haber sufrido discriminación en el ámbito laboral por su identidad de género; o que solo el 38 % de las personas LGTBI+ y más son visibles completamente en su lugar de trabajo.
Sabemos que queda trabajo por hacer, pero eso no nos paraliza. Estaremos ahí no solo negociando los protocolos contra el acoso LGTBI+, obligatorios para las empresas de más de 50 trabajadores, o negociando las medidas LGTBI en los convenios para blindar sus derechos en el trabajo, sino que también estaremos a su lado en la lucha, presentes en las calles y luchando contra toda violencia y discriminación que se encuentren. Y quienes discriminan, nos tendrán de frente.
Ahora más que nunca, al trabajo sin armarios.
Organiza tu orgullo.
