Treinta y ocho mujeres han sido asesinadas este año en España a manos de sus parejas o exparejas. Una cifra insoportable que debería avergonzarnos como sociedad y que nos obliga a actuar con urgencia. Dieciséis de ellas vivían en municipios rurales de menos de 30.000 habitantes. Y aún más duro es asumir que ninguna había presentado denuncia. Ni una sola. Este dato desnudo y contundente revela un fracaso colectivo que no podemos seguir ignorando.
Algo no está funcionando cuando una mujer rural siente que levantar la voz pone en riesgo su vida, su reputación, su sustento o la relación con sus vecinos. Algo falla cuando la violencia se vive en casas demasiado solitarias, en calles donde todos se conocen… pero nadie ve ni escucha nada. Cuando la víctima siente que pedir ayuda no va a servir, o que hacerlo supondrá exponerse aún más, es que el sistema no está llegando donde debería.
En el ámbito rural, la violencia machista mata dos veces: primero con los golpes, las amenazas y el miedo; y después con el silencio. Un silencio que paraliza, que asfixia, que aísla a las víctimas y que se alimenta de la falta de recursos específicos, de la escasa presencia institucional, de la ausencia de servicios de proximidad y de la falta de independencia económica que todavía pesa sobre muchas mujeres. Todo ello conforma un cóctel mortal que convierte lo invisible en letal.
La violencia contra las mujeres es una herida abierta en todos los territorios, urbanos y rurales. Pero en los pueblos duele más porque faltan manos tendidas, faltan profesionales disponibles, faltan rutas seguras para pedir ayuda y, en ocasiones, falta incluso la certeza de que denunciar servirá para algo. La soledad rural convierte cada obstáculo en un muro más alto.
Ya no podemos permitirnos más excusas ni más discursos que no se traduzcan en acción. La defensa de las mujeres rurales debe ser una prioridad nacional y una obligación moral. Si de verdad queremos salvar vidas, necesitamos actuar con determinación: más recursos permanentes, más profesionales especializados, más educación y prevención, más acompañamiento psicológico y jurídico, más protección y más presencia real en el territorio. No de vez en cuando. No solo el 25 de noviembre. Siempre.
Las mujeres rurales merecen vivir sin miedo. Merecen que su libertad no dependa del tamaño de su municipio. Merecen ser escuchadas, protegidas y respetadas.
Porque si una mujer tiene que elegir entre callar o morir, ya hemos perdido como país, como sociedad y como humanidad.
