La rápida subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) —un 60,9 % desde 2018— ha dejado una consecuencia inesperada: ha empujado a buena parte de los asalariados hacia una estrecha franja salarial sin que se produzca un arrastre significativo en el resto de retribuciones. Esta es una de las principales conclusiones del cuarto informe de la Comisión Asesora para el análisis del SMI, publicado este mes.
Según el informe, el SMI ha dejado de ser una referencia exclusiva para trabajadores sin cualificación o sin experiencia, al convertirse en el tramo salarial más común. “Se está produciendo una concentración de asalariados en una estrecha banda salarial en torno al salario mínimo, con el peligro potencial de que personas trabajadoras experimentadas o con una cualificación media queden dentro de dicha banda”, advierte la comisión.
El salario mínimo ha pasado de 735,90 euros mensuales en 2018 a 1.184 euros en 2025, en 14 pagas. Sin embargo, esta mejora no se ha trasladado de forma proporcional al conjunto del mercado laboral. “Aunque existe evidencia de cierta tracción hacia arriba, esta parece ser limitada”, señala el documento.
El SMI, ya no tan ‘mínimo’
El Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de su Encuesta de Estructura Salarial de 2023, confirma esta tendencia. Uno de cada cuatro asalariados ganó entre 14.000 y 20.000 euros brutos anuales, siendo el intervalo entre 15.000 y 16.000 euros el más frecuente, justo en el entorno del salario mínimo vigente ese año: 15.120 euros.
Nueva subida prevista en 2026
El Ministerio de Trabajo mantiene contactos con sindicatos y patronal antes de fijar la cuantía del SMI para 2026, que podría subir un 3,1 %, hasta los 1.221 euros brutos al mes (37 euros más). Esta cifra responde a la recomendación de los expertos, siempre y cuando el SMI siga libre de tributación, como ha venido ocurriendo desde que el Gobierno introdujo una deducción para evitar que los trabajadores con este salario paguen IRPF.
El objetivo es que la subida se apruebe a finales de enero y entre en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Al tratarse de un real decreto, no requiere la convalidación del Congreso, aunque el Ministerio de Trabajo insiste en buscar un acuerdo.
No obstante, las diferencias entre los agentes sociales complican el pacto. La patronal CEOE-Cepyme propone una subida mucho más moderada, del 1,5 %, lo que situaría el SMI en 1.202 euros brutos, esta vez sí sujetos a IRPF. En el otro extremo, los sindicatos CCOO y UGT exigen una subida del 7,5 %, hasta 1.273 euros, también con tributación.
La clave: la transposición de la directiva europea
El contexto de estas negociaciones viene marcado por la futura transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que esta norma será “clave para blindar legalmente que la subida del SMI sea real y efectiva”, y evitar que las empresas compensen el aumento absorbiendo pluses o complementos salariales.
Actualmente, la legislación española permite esa práctica, siempre que los complementos estén vinculados a condiciones laborales. Sin embargo, los sindicatos denuncian que esta absorción se aplica “de forma discrecional y poco transparente”, lo que en muchos casos desvirtúa el incremento salarial.
Trabajo contempla ofrecer a la patronal una regulación más precisa y limitada de esta prohibición a cambio de su apoyo a la subida del 3,1 %. No obstante, las posiciones siguen muy distantes y el tiempo apremia.
En los próximos días, el Ministerio retomará las conversaciones para cerrar una propuesta definitiva y mantener el calendario previsto de aprobación antes de que acabe enero.
