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El Sistema de Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha atiende actualmente a una media de 19 personas más cada día y ofrece una cobertura del «80,5 por ciento», situándose a nivel nacional cuatro puestos por encima de la media –en novena posición– cuando en el 2015 se encontraba en el puesto 17 con un nivel de cobertura «del 56 por ciento».

«Desde el primer momento, el Sistema de Dependencia ha sido bandera para este Gobierno. Está avanzando de forma positiva mes a mes», apunta Sánchez, que asegura que las críticas que realiza la oposición por las políticas en este área son «como un castillo naipes, se derrumban por sí solas». «Hemos pasado de estar a la cola en la cobertura entre las comunidades autónomas, a estar en el puesto noveno igualados con País Vasco y Galicia».


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También, sobre la comparativa realizada por el Gobierno regional en los diversos baremos que existen en esta materia, la titular de Bienestar Social apunta que, en el denominado «limbo» de la dependencia –personas que han sido reconocidas como dependientes pero aún no reciben una prestación–, hay un «solo un 19,4%» de personas reconocidas como dependientes mientras que en el 2015 este porcentaje era del «43,9 por ciento».

Castilla-La Mancha es también la tercera comunidad autónoma que más prestaciones totales tiene en este servicio, con 48.265 –alcanzado un porcentaje del 78,62 por ciento–. Sin embargo, también ocupa la tercera posición, en este caso por la cola, en las prestaciones prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, donde con 13.124 ayudas alcanza un porcentaje del 21,38 por ciento.


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En este sentido, la consejera afirma que no se trata de «un dato malo». «Todas las prestaciones económicas que son necesarias para las personas en Castilla-La Mancha se tienen, el Gobierno regional no ha quitado ni una sola. En la legislatura se quitaron miles de prestaciones, dando en cuatro años tres prestaciones, mientras que este Gobierno ha dado más de 1.300» en una época en la que «se reciben el doble de solicitudes que en la legislatura anterior».

EL CASO DE ÍKER Y LA ATENCIÓN TEMPRANA

Sánchez se ha pronunciado también en esta entrevista por el caso de Íker, el niño de Toledo con parálisis cerebral por el que sus padres han presentado en el Congreso de los Diputados 350.000 firmas que han recogido a través de la plataforma ‘Ningún Niño Sin Terapia’, para reclamar una ley que garantice el tratamiento a los niños con discapacidades y/o enfermedades mientras éste sea necesario, después de él haya cumplido 7 años y no pueda beneficiarse de las terapias subvencionadas mediante la Atención Temprana –dirigidas a niños hasta los 6 años de edad–.


«Íker estaría fuera del amparo de la Atención Temprana en Castilla-La Mancha y en cualquier región, pero no puede estar desprotegido. Si no puede estar en Atención Temprana porque el nombre de temprana es precoz, tiene que tener atención especializada», explica la titular de Bienestar Social, que alude al Estado para que la normativa que rige la valoración de las personas con discapacidad pueda modificarse.

En este sentido, la consejera ha instado a que el Gobierno central «vaya más deprisa» en este procedimiento, pues considera que es «muy antiguo» y que «necesita mejorar». Así, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha planteado que los niños con cáncer tengan una valoración de la discapacidad precoz desde el momento del diagnóstico y no después del tratamiento, hay que ir en esa línea».

SIN FECHA PARA EL HOSPITALITO DEL REY


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Por otra parte, Aurelia Sánchez se ha referido también a la enmienda de Podemos aprobada esta semana en la Comisión de Economía y Presupuestos que dota con una partida de 500.000 euros la apertura «enteramente pública» del Hospitalito del Rey, una infraestructura que se abrirá como residencia para personas mayores pero para la que no hay todavía una fecha concreta.

La consejera admite que una de las ideas que tenía para el Hospitalito del Rey es que pudiera ser «un centro versátil» y no «solo residencial», y asegura que el compromiso del Gobierno regional es trabajar para que la gestión de este centro sea «pública». «Lo que queremos es que las residencias propias sean un ejemplo, las privadas son mucho más nuevas y los profesionales cada vez están más especializados, tenemos que ir al unísono».


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En este área, recuerda que «los objetivos» que se marcan son hacer «una apertura escalonada de los centros cerrados durante estos años» y «mejorar las infraestructuras sociales». «Las residencias públicas son muy antiguas, algunas tienen más de 40 años, por lo tanto requieren reformas, mejoras y equipamientos que no han tenido. Se dará un impulso para adaptarlas a los usuarios de ahora, que no son los de hace 10 o 15 años, sino que son personas muy dependientes. Se necesita un presupuesto importante para ir adaptando estos centros», afirma Sánchez.

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