Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo encaran el cuarto día de negociaciones para fijar las reglas que se aplicarán a la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2023, pero con pocas esperanzas de llegar a un acuerdo por las diferencias entre ambas partes a cuenta, sobre todo, de la arquitectura verde de la reforma.
Los eurodiputados rechazaron la propuesta de los Veintisiete y desde entonces han intentado limar las discrepancias, con pocos avances. Aun así, Portugal (que negocia en nombre de los países como presidencia de turno de la UE) y la Eurocámara tienen una nueva ronda de negociación que comenzará a las 9.00 de este viernes.
Fuentes diplomáticas asumen de hecho que no habrá ningún tipo de acuerdo este viernes y las negociaciones tendrán que continuar durante todo este mes para intentar de nuevo un acuerdo a finales de junio.
A pesar de esta situación, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha dejado espacio para el optimismo en un mensaje que ha compartido en su perfil de Twitter a primera hora de este viernes, en el que ha asegurado que «todavía» tiene «esperanza» de logar «un buen compromiso hoy».
«La Comisión quiere salir de este trílogo con un acuerdo. Los debates han durado tres años y es el momento de que finalicen», ha expresado el polaco.
La política verde de la futura PAC es el principal punto de discordia entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo. En especial, confrontan en el dinero mínimo que tendrá que dedicarse a medidas beneficiosas para el medio ambiente dentro de los llamados ‘ecoesquemas’ o regímenes ecológicos.
Además, hay otros frentes abiertos relacionados con la «dimensión social» de la PAC (los eurodiputados quieren inspecciones y sanciones si se incumplen estándares laborales), las condiciones obligatorias que tienen que cumplir agricultores y ganaderos para acceder a los pagos directos, el sistema para redistribuir ayudas hacia explotaciones pequeñas y medianas o la reserva de crisis.
La PAC es la mayor partida del presupuesto comunitario con una dotación de 378.000 millones de euros para el periodo 2021-2027 y ahora los Estados miembros y la Eurocámara deben acordar las reglas que regirán su funcionamiento a partir de 2023. En total son tres los reglamentos que deben cerrar las dos instituciones: el de planes estratégicos, el de organización común de mercados y el llamado «horizontal» sobre financiación, gestión y seguimiento.
