CCOO ha convocado una campaña de huelgas entre el personal no policial de la Dirección General de la Policía que comienza mañana y se prolongará todos los viernes hasta al menos el 30 de abril y que afectará especialmente a los servicios de documentación, DNI, pasaporte y extranjería.
En Castilla-La Mancha, la convocatoria afecta a doce sedes de la DGP en las que deberían trabajar 150 funcionarios no policiales en la atención al público para las expedición o renovación de documentos, pero donde permanecen vacantes 60 plazas, el 40%.
En concreto, en la oficina de Albacete capital solo están ocupadas 12 de las 29 plazas no policiales y en la de Hellín faltan tres de seis. En la provincia de Ciudad Real, faltan 8 de 13 en la capital; tres de seis en la de Alcázar de san Juan; una de siete en Puertollano; y dos de cuatro en Tomelloso. Solo la sede de Valdepeñas tiene cubiertas las siete plazas que constituyen su dotación íntegra.
Por el contrario, en la oficina de Tarancón, en la provincia de Cuenca, están vacantes las cuatro plazas con las que cuenta; y en la capital conquense faltan por cubrir cinco de los doce puestos necesarios.
En Guadalajara capital, única sede de la DGP en la provincia donde se tramita la expedición de documentos, dotada con 15 plazas, hay dos sin cubrir.
Respecto a la provincia de Toledo, la oficina de la capital hay ocupadas 12 de las 29 plazas de funcionarios no policiales y permanecen vacantes las otras 17; y en la de Talavera, dotada con ocho plazas, permanecen dos sin cubrir.
“Llevamos años denunciando que, a pesar de la evidente necesidad, el Ministerio del Interior no cubre el total de plazas vacantes del personal no policial. Esto hace que quienes gestionan los recursos humanos coloquen a policías en esos puestos, en detrimento de otros servicios públicos cuya atención se resiente, como la seguridad ciudadana” lamenta Jesús Calvo, coordinador del Sector de Administración General del Estado (AGE) de CCOO-FSC en Castilla-La Mancha.
CCOO ya puso de manifiesto estas deficiencias en 2014, cuando anticipó el colapso que iba a producirse en los servicios de DNI al coincidir un pico de renovaciones en 2016. Su campaña tuvo como respuesta dos ofertas de empleo público extraordinarias, un incremento de 280 puestos “claramente insuficientes cuando en toda España hay alrededor de 1.500 vacantes por cubrir”, señala por su parte Fernando García, secretario general de CCOO en el Ministerio del Interior.
“No es tolerable que una de cada tres plazas se encuentre vacante y se cubran esos puestos con personal policial, cuya vocación y formación no es el trabajo administrativo”, denuncia García. “Es urgente dotar a las plantillas de personal no policial, de manera que se garantice el servicio público, y que las y los agentes puedan retornar a funciones policiales”. Según cifras que aporta el sindicato, esto supone, además, un coste anual superior a los 25 millones de euros.
CCOO exige, además, una interlocución fluida con el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía y subraya que “los incumplimientos de los acuerdos Gobierno-Sindicatos en la AGE que viene denunciando el sindicato son especialmente graves en Policía, que ignora lo firmado respecto a prevención de riesgos laborales, movilidad, reclasificaciones de puestos de trabajo y IV Convenio Único, entre otros”.
