El Pleno de la Diputación se ha adherido hoy al Código del Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha atribuido al presidente de la institución, José Manuel Caballero, potestad para determinar las medidas que procedan, en particular las orientadas a la creación del Observatorio de Evaluación de la Transparencia. Con este nuevo trámite el Equipo de Gobierno da un paso más en la apuesta por la transparencia que hizo pública Caballero en su discurso de investidura.
En la sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre han sido varios los puntos del orden del día que han suscitado debate político. La liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado correspondiente al año 2013, en base a la que la Diputación tiene que proceder a la devolución de recursos, ha motivado opiniones referidas a la deuda protagonizadas por el portavoz del Partido Popular, Antonio Lucas-Torres, y por la portavoz del Equipo de Gobierno en materia de Hacienda, Lidia Molina. Mientras Lucas-Torres ha precisado que este trámite genera una deuda, por lo que ya no se puede hablar, según ha dicho, de deuda cero, Molina ha apostillado que los cálculos los hizo mal el Gobierno central, que no se trata de una deuda propiamente dicha con independencia de que en la institución provincial también se den picos de tesorería.
El presidente de la Corporación ha aclarado al respecto que no se trata de una deuda al uso, la que conocen los ciudadanos como dinero que se debe a los bancos, sino que como consecuencia de un error de cálculo del Gobierno de España, ahora se tienen que devolver recursos por cualquiera de las dos vías que ofrecen: o inmediatamente o en diez años. Lo lógico, a juicio de Caballero, es que se opte por la segunda.
Por otra parte, el grupo popular ha cambiado el sentido del voto, abstención por pronunciamiento favorable, en la aprobación inicial del expediente de mutación demanial -cambio de titularidad- de las instalaciones del RSU en Ciudad Real, propiedad hasta ahora de la institución provincial. Lucas-Torres ha explicado que están incluidos en el Consorcio la mayoría de los ayuntamientos de la provincia, que se ahorrarán los gastos derivados del alquiler del inmueble, por lo que ha anunciado el voto afirmativo.
Por el contrario, la oposición no ha apoyado la ratificación de la firma del protocolo de adhesión a la Oficina del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La diputada popular Pruden Medina ha justificado el pronunciamiento en contra diciendo que no han sido informados convenientemente y que se trata de una medida electoralista a pesar de que es el Gobierno de España el que está tomando cartas para solucionar el problema de los desahucios.
Sin embargo, el vicepresidente del Área Social, David Triguero, ha insistido en que si la Diputación salió al paso de esta problemática en el pasado mandado sin tener las competencias es porque el Gobierno regional, entonces presidido por Dolores de Cospedal, no habilitó ninguna medida de apoyo. Ha añadido que en la actualidad el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha una oficina y lo que procede es no duplicar recursos.
Cerrado el debate, el presidente de la Diputación ha tomado la palabra para remarcar que lo importante, al margen del debate político, es que hay que optimizar los recursos públicos, que se crea un instrumento muy potente, que todos esperan que sirva para solucionar los problemas, y que la institución provincial lo único que hace es sumarse a quien tiene la responsabilidad legal y administrativa de las competencias en materia de vivienda. Ha señalado, asimismo, que la Junta ha pedido la colaboración de la Administración provincial y el Equipo de Gobierno, en un ejercicio de coordinación institucional, se ha sumado. «Lo que hayamos hecho cada partido en el pasado escrito queda en las hemerotecas y que los ciudadanos juzguen en las urnas, pero ahora tenemos que estar de acuerdo con la colaboración institucional, evitando duplicidades, porque se logra mayor eficacia y eficiencia en la prestación del servicio», ha afirmado Caballero.
Por otra parte, el grupo popular ha presentado una moción sobre la Feria Nacional del Vino cuyo debate, por la vía de urgencia, ha sido defendido por el viceportavoz Miguel Ángel Valverde, quien ha precisado que en la moción figura una serie de propuestas que vienen a mejorar el desarrollo de FENAVIN, para que tenga repercusión no sólo en la capital, sino también en la provincia. El vicepresidente de Promoción Económica, Gonzalo Redondo, ha tomado la palabra para remarcar que se trata de un acontecimiento expositivo muy importante que se celebrará dentro de 20 meses, motivo por el que la urgencia no procedía.
A preguntas de la diputada del grupo popular Rocío Zarco el vicepresidente David Triguero ha asegurado que en breve se procederá a suministrar desfibriladores a los ayuntamientos. Respondiendo al viceportavoz del grupo popular Miguel Ángel Rodríguez el vicepresidente Manuel Martínez López Alcorocho ha asegurado que en la comisión de infraestructuras ha quedado claro el procedimiento que se seguirá con respecto al trato que se le va a dar a los pueblos, por lo que no va a ser discriminatorio. Y a preguntas del diputado del grupo popular David Marín, el presidente de la Diputación ha dicho que en cuanto la agenda institucional se lo permita, recibirá a la alcaldesa de Solana del Pino.
