El Comité Ejecutivo Regional de ASAJA de Castilla-La Mancha se ha reunido esta mañana en Ciudad Real donde han acordado solicitar una reunión urgente al Presidente del Gobierno Regional, Emiliano García-Page, para tratar las principales reivindicaciones del sector agropecuario.
En este sentido, el secretario general de ASAJA CLM ha explicado que no descarta movilizaciones y ha detallado que principalmente hay cinco temas que preocupan especialmente a los agricultores profesionales: Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 de Castilla-La Mancha, plan de gestión de las Zonas Especiales de Protección de Aves (ZEPA), agua, cadena alimentaria y el futuro de la PAC.
Sobre el PDR ha afirmado que la modificación anual que se presentará a Bruselas en las próximas semanas está marcada por intereses políticos y no para garantizar el futuro de agricultores y ganaderos profesionales. Ha recordado que la organización agraria ha trabajado mucho en el borrador de esta modificación, realizando diversas aportaciones que no han sido reflejadas.
En cuanto al plan de gestión ZEPA, Fresneda ha afirmado tajantemente que ASAJA CLM no aceptará medidas que limiten aún más el sistema productivo de Castilla-La Mancha. El secretario general ha reconocido que se ha avanzado mucho en las negociaciones con la Consejería de Agricultura, pero no lo suficiente.
Respecto al agua, ha demandado soluciones definitivas y ha pedido un plan que garantice el futuro del sector, tal como aumentar 500.000 hectáreas de regadío con 1.500 hm3 en un plazo de 20 años, y ha lamentado que nadie de la clase política se está tomando en serio el pacto del agua.
El Comité Ejecutivo Regional ha pedido también un plan de trazabilidad para que los agricultores dejen de ser el eslabón más débil en la cadena alimentaria, aumentado los controles y evitando actuaciones fraudulentas que perjudiquen al sector.
Por último, sobre la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), han asegurado que el actual sistema acentúa la diferencia entre agricultores, a pesar de que todos asumen los mismos costes de producción, algo que habrá que modificar en la próxima revisión.
La organización agraria se ha mostrado abierta a seguir negociando, pero ha asegurado que seguirá firme en sus reivindicaciones, que son las que garantizan los intereses de las familias de los más de 40.000 agricultores y ganaderos profesionales que representan.
