Los sindicatos CSIF, STAS, CCOO y UGT han registrado este viernes una petición de reunión urgente con el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, para abordar los «riesgos de privatización» de la futura Ley de Simplificación Administrativa de Castilla-La Mancha.
En declaraciones a los medios, a las puertas de la Delegación de la Junta en Toledo, tras el registro del texto, Victoria Ortiz, de CSIF, ha detallado que la solicitud de reunión se produce tras haber constatado cómo el anteproyecto de ley «introduce una figura, que son las entidades colaboradoras de la Administración, que son entidades privadas».
Estas entidades «van a poder hacer todo el procedimiento administrativo de determinados asuntos, como puede ser una solicitud de ayuda, una certificación, una autorización de la ciudadanía», asuntos que actualmente realizan tanto Función Pública como los empleados públicos.
Como ha explicado, con la introducción de esta nueva figura en la futura norma, cuando la Administración haga una resolución de estas peticiones del ciudadano, de informes técnicos, de documentación y de revisión normativa, «no lo va a hacer Función Pública» sino que «lo puede hacer perfectamente una entidad colaboradora» lo que los sindicatos entienden como «un riesgo muy grave de privatizar las potestades de la Administración».
En el mismo sentido, el coordinador del sector autonómico de CCOO, José Luis Martínez, ha lamentado que el anteproyecto de ley, «tras esa buena intención de agilización administrativa», lo que «esconde» es «una privatización de potestades que están reservadas a personal funcionario y que son una garantía para el interés general de la ciudadanía».
El texto también regula una figura que se denomina declaración responsable, que permitirá «que procedimientos que hasta ahora precisan de la autorización expresa de la Administración se hagan mediante esa declaración, donde la persona se hace responsable de que cumple con todos los requisitos de la Administración, sin mayor comprobación» por parte de la misma.
«Eso supone un riesgo muy grande para el interés general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de todos los ciudadanos», ha comentado Martínez, quien, como ejemplo, ha mencionado cómo en el ámbito patrimonial, si se modifica una propiedad de Bien de Interés Cultural mediante una declaración responsable, «después será irreversible el daño que se pueda haber causado, igual que sucede con el medio ambiente o con el tema de servicios sociales».
A su juicio, mediante la declaración responsable se pueden sustanciar hechos que «luego pueden ser irreparables», lo que ha motivado que estos cuatro sindicatos con representación en la Mesa Sectorial rechacen ese planteamiento y hayan demandado «una reunión para que nos informen, nos expliquen y para poder trasladar nuestra preocupación y nuestra inquietud por este anteproyecto de ley».
En el mismo sentido, la delegada de UGT, Rosario Madrigal, ha hablado del coste económico añadido que estas decisiones pueden suponer cuando los ciudadanos recurran a esas entidades colaboradoras, y ha alertado de «los datos sensibles que pueden manejar entidades colaboradoras que no son trabajadores públicos de Castilla-La Mancha y que pueden hacer un uso posiblemente fraudulento de esos datos».
«ENCAMINADOS A LAS MOVILIZACIONES»
En último término, Gustavo Fabra, del sindicato STAS C-LM, ha apelado al «diálogo social» del Gobierno de Castilla-La Mancha, pese a que este anteproyecto de Ley «ha salido sin diálogo social, sin contar con nadie. Nos lo hemos encontrado en información pública».
«Esperamos y confiamos que realmente el Gobierno nos atienda y nos explique por qué es necesaria esta medida y qué repercusiones va a tener o tienen ellos previsto que tenga». Igualmente, harán un «llamamiento a la ciudadanía, a las organizaciones sociales de Castilla-La Mancha para defender la potestad pública como garante de la igualdad y de los derechos de los ciudadanos».
En este sentido, los cuatro sindicatos han elaborado un manifiesto que difundirán entre las organizaciones sociales, vecinales, medioambientales y colegios profesionales de la Comunidad Autónoma sin descartar la realización de «movilizaciones», ha señalado.
«Vamos a hacer asambleas, en los centros de trabajo de la Junta. Ya hemos declarado la alerta roja en la administración pública porque consideramos que tenemos que defender lo que es la potestad pública y de ahí, después de estas asambleas que realizaremos por toda Castilla-La Mancha, iniciaremos un ciclo de movilizaciones importante».
Según Fabra, el Gobierno de Castilla-La Mancha «tiene que ver qué precio está dispuesto a pagar por la gran privatización de los servicios públicos en Castilla-La Mancha», subrayando que «este melón no se atrevió ni a tocarlo María Dolores de Cospedal».
