La Comunidad de Madrid se ha sumado a las alegaciones presentadas por los gobiernos de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía ante la revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura con el fin de reivindicar unas normas «objetivas, científicas y técnicas», evitando la «politización».
Así lo han dado a conocer los presidentes de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, Fernando López Miras y Carlos Mazón, respectivamente, en el acto de conmemoración del cuadragesimoquinto aniversario del trasvase Tajo-Segura, celebrado en el Casino de Murcia y que ha llevado por lema ‘Trasvase Tajo-Segura. Agua que nos une’.
En el acto también han participado el presidente de la entidad oganizadora, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, y la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez, así como representantes de la política y de la sociedad civil, entre otros.
En declaraciones a los medios de comunicación antes del comienzo del evento, López Miras ha agradecido la presencia de Mazón, al que ha definido como su «hermano de agua» y «un defensor de los intereses de la Región de Murcia».
López Miras ha calificado de «historia de éxito» los 45 años transcurridos desde la llegada de las aguas del Tajo a la cuenca del Segura a través del trasvase, lo que se hizo posible «gracias al principio de solidaridad y a una infraestructura que ha cohesionado territorialmente mucho más nuestro país».
Para López Miras, «la historia de los trasvases son historias de éxito», y gracias a ellos «se ha demostrado cómo en España hay agua suficiente para todos», aunque en este punto ha criticado que «no hay voluntad de llegar a un consenso nacional sobre agua», algo que debería liderar, en su opinión, el Ejecutivo de la Nación.
«Reivindicamos que el Gobierno de España, de una manera sectaria, de una manera partidista, de una manera ideológica, no recorte, no cierre una infraestructura que es fundamental, que es vital para el Levante, para millones de españoles», ha enfatizado.
Este contexto, ha insistido López Miras, ha conllevado que, «por primera vez», cuatro comunidades autónomas, que representan a «más de 23 millones de españoles», presenten «de forma conjunta» alegaciones a la revisión de las reglas de explotación del trasvase.
El objetivo es que «predominen los criterios científicos y técnicos» y que los casi 50 trasvases que existen en España se rijan por «reglas objetivas», de manera que «la ideología y la política no puedan decidir sobre un recurso que es de todos los españoles».
Sobre la adhesión de la Comunidad de Madrid a las alegaciones, López Miras ha indicado que «lo que ha primado ha sido, primero, la voluntad de consenso en algo tan importante como la distribución de un recurso natural que es el agua y, por supuesto, que sean técnicos los criterios que se establezcan para regular los trasvases».
«Creo que a esto no se puede oponer nadie, que se saque la ideología del trasvase y se aporte el criterio técnico, el criterio científico», ha dicho López Miras, que ha agradecido a la Comunidad de Madrid que «haya tenido esa visión de cómo distribuir el agua y esa apuesta por los trasvases tan importantes para España».
Según López Miras, el «problema» reside en que el Gobierno central está más en «estrategias y pases de circo continuo», que en los asuntos «importantes».
MAZÓN: «A FAVOR DEL RIGOR Y LA OBJETIVIDAD»
Por su parte, Mazón ha puesto en valor el hecho «histórico» de que cuatro comunidades autónomas que suman «más de 20 millones de españoles» hayan presentado de manera «coordinada» alegaciones a las reglas de explotación en un momento «clave».
«Prácticamente la mitad de los españoles están representados en la petición de una cultura única del agua en España y de una coordinación nacional, por fin, con respecto al agua», ha asegurado Mazón, quien ha resaltado que los ciudadanos de estas cuatro comunidades se posicionan, por tanto, «a favor del rigor, de la objetividad y de eliminar ya cualquier criterio político».
De hecho, ha criticado que «hemos sufrido 26 o 27 recorte injustificados por no tener unas reglas de explotación de rigor, de justicia, técnicas y serias». Al contrario, ha achacado estos recortes a que el «capricho político» ha tenido «demasiado margen» por parte de la que «ahora va a ser la número 1 del PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo», en referencia a la ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
«Por ello, espero que los murcianos y los valencianos le expliquemos en las próximas elecciones también a Ribera lo que opinamos sobre lo que ha hecho» en ambas comunidades, según
En este sentido, ha criticado que el Gobierno «no ha cumplido con el grupo de trabajo» ni con dar a las comunidades «una audiencia mínima». «No ha cumplido con aquello con lo que se comprometió», según Mazón, quien ha señalado que la respuesta es ahora «de casi la mitad de los españoles representados por sus gobiernos autonómicos».
En este sentido, Mazón ha mostrado su preocupación por la salida de Ribera del Ministerio para la Transición Ecológica. «Me preocupa que una defensora de la desalación masiva, que es contraria al medioambiente, vaya a ir a opinar en Europa sobre la política medioambiental», ha zanjado.
«ALGO CONOCE C-LM QUE NO SABEMOS NOSOTROS»
Por su parte, Jiménez ha expresado su preocupación, «como nunca antes», por la modificación de las reglas de explotación del trasvase. «Ya hubo una en el 2021, pero esta nos preocupa mucho más por los antecedentes, por lo que está ocurriendo», ha manifestado.
«Como si de una orquesta perfectamente estructurada se tratara, salió García-Page abriendo una campaña achuchando al Ministerio a aprobar la modificación de las reglas de explotación. Dijo que iba a haber una modificación legal, legislativa, es decir, que no estamos hablando de una simple modificación», ha dicho.
A partir de ahí, «todo el coro de ángeles y arcángeles, entendiendo por esto las Cortes castellanas, las diputaciones, todo el sector político castellano-manchego, se lanza a la calle a pedir con urgencia una modificación de las reglas de explotación que deberían de haber estado en febrero, pero que el Ministerio dice que no estarán antes de octubre».
El máximo dirigente de Scrats ha insistido en que esta situación «nos tiene muy preocupados». «Algo se nos ha escapado, algo conoce Castilla la Mancha que no conocemos nosotros, y por eso esa prisa que tiene en esa reforma, que debería ser algo normal y a la que le están atribuyendo un valor excepcional», ha denunciado Jiménez.
En este sentido, ha señalado que ese valor podría pasar por «sacar del tablero de juego los primeros 30 hectómetros del total del 103 que supone el recorte del trasvase».
AÑO HIDROLÓGICO
Preguntado sobre el estado del año hidrológico, Jiménez ha señalado que todo apunta a que «va a ser complicado» porque la situación en la cuenca del Segura «es muy preocupante», ya que «seguimos estando en prealerta», a pesar de una «sensación de bonanza» irreal por las últimas lluvias registradas en la Región.
«Seguimos estando muy alejados de las cifras de agua que teníamos almacenadas el año pasado», ha sostenido Jiménez, quien ha recordado que la Comisión Permanente de la Sequía apostó este lunes por promover la moderación en el consumo y el mantenimiento de las restricciones.
Todo, ha dicho, «a la espera de que no tengamos que volver a estrangular más el cinturón del regante de cara al verano».
A su juicio, el hecho de que Ribera encabece las lista del PSOE a las elecciones europeas no conllevará grandes cambios en lo que respecto al Tajo-Segura, pues la postura del Ejecutivo central sobre al trasvase «permanece inalterable» y «fue expresada abiertamente hace unos años por el líder del Gobierno nacional».
