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sábado, 21 diciembre
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Isabel Rodríguez apuesta por que el Estado intervenga si los alojamientos turísticos limitan el uso residencial de la vivienda

También considera que el Estado tiene que actuar cuando este tipo de actividades "implican un cambio de modelo de ciudad"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha mostrado partidaria de que el Estado intervenga «cuando, en determinados lugares, los alojamientos turísticos limitan el uso residencial de la vivienda inflando los precios del mercado e imposibilitando el acceso a la ciudadanía».

Del mismo modo, también considera que el Estado tiene que actuar cuando este tipo de actividades «implican un cambio de modelo de ciudad», ha manifestado este jueves en Cuenca en declaraciones a los medios sobre barrios que se están quedando sin residentes por la proliferación de alojamientos turísticos. «Las ciudades tienen que ser habitadas por vecinos o desaparecerá el concepto de ciudad», ha advertido Rodríguez.

Desde su punto de vista, esto «no entra en conflicto con un sector estratégico para nuestro país como el turismo, pero queremos liderar un turismo sostenible desde el punto de vista social, medioambiental y económico».

En cualquier caso, ha remarcado que su prioridad como ministra «es la vivienda como bien social, de primera necesidad», manifestando que «sin ella no tenemos proyectos vitales ni las empresas pueden contratar a trabajadores, porque no tienen dónde alojarse, como ya estamos viendo en algunos lugares».

«Hasta dónde puede llegar el Estado es lo que estamos explorando y he convocado a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias porque tienen mucho que decir y tenemos que llegar a un gran pacto de país para adoptar decisiones», ha señalado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana.

Para terminar, Rodríguez ha indicado que acaba de aprobarse un reglamento europeo de alquiler temporal y vacacional y que hay sentencias recientes del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea «que vienen a decir que cuando los alojamientos turísticos imposibilitan el acceso a la vivienda existe la necesidad del Estado de actuar». «Todos estos elementos tenemos que estudiarlos sin prisa, pero sin pausa», ha concluido.

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