El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que la futura Ley de Simplificación Administrativa contempla el silecio administrativo positivo e incluso impulsar en algunos casos las tramitaciones por la vía de declaraciones responsables «cuando así lo permita la legislación estatal y europea».
Durante su intervención en el pleno de las Cortes, ha añadido a este extremo el hecho de que el Gobierno va a impulsar medidas para «podar la burocracia»; al tiempo que se impulsará una administración más personalizada, ayudando del mismo modo a la mejora de habilidades tecnológicas de la población.
Esta administración permitirá a los ciudadanos tener «una carpeta digital propia» para operar en sus trámites, lo que permitirá al Gobierno dar un trato «más personalizado».
Ruiz Molina ha sacado pecho por el recorrido de su Consejería en los últimos 9 años, con la aprobación de leyes o la modificación de otras ya existentes con esta misma intención. Respecto a los planes de simplificación y reducción de cargas administrativas, ha resaltado la reducción de documentos o a la supresión de trámites que se consideran innecesarios.
«Estamos hablando de una tarea que es ardua y compleja porque en la actualidad, dado el nivel de competencia que tiene la Administración regional, estamos ante unos 2.000 procedimientos administrativos. Pero, en cualquier caso, estos planes anuales nos han permitido, desde 2016 a 2023, la simplificación o reducción de 444 trámites administrativos para hacer más fácil la interacción de la ciudadanía», ha indicado .
La petición de ayudas, la ejecución de fondos europeos o el acceso a políticas de energías renovables son algunos de los ejemplos exhibidos por Ruiz Molina como avances en la región.
Según sus datos, se ha conseguido la eliminación de más de 300.000 documentos contables y su sustitución por apuntes contables electrónicos, lo que ha supuesto la posibilidad de reducir en más de la mitad el tiempo que se tarda en gestionar este tipo de expedientes.
VOX ALERTA DE UN «LABERINTO» ADMINISTRATIVO
Por parte de Vox, el parlamentario Iván Sánchez ha alertado de lo que considera un «laberinto administrativo» al interlocutar con la administración, poniendo como ejemplo lo que ocurre en el sector primario, con trabajadores que «tienen que lidiar con trabas burocráticas interminables».
En vez de solucionarles la vida, «cada año que pasa ustedes se inventan una nueva traba y a esto, señorías, se le llama violencia administrativa».
Lamenta las «largas colas» para una cita con el médico o los «tiempos de espera interminables», sumando la falta de personal sanitario, que «hacen que miles de castellanomanchevos vean peligrar su salud por la ineficiencia del sistema público».
«Y qué decir de nuestras personas mayores, que se ven obligadas a enfrentarse a un sinfín de trámites para acceder a las ayudas y prestaciones, a las que tienen derecho y por las cuales han trabajado y cotizado en España durante tantos años», ha añadido.
El «enorme papeleo, la lentitud y la falta de atención en la gestión de expedientes están dejando desamparados a los mayores», según el diputado guadalajareño.
PP: «LASTRAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA»
Santiago Serrano, del Partido Popular, ha apuntado en su turno de palabra que las gestiones administrativas densas en la región «lastran la actividad económica».
Ha pedido en este punto una administración que sea «un faro» para sus ciudadanos, para lo cual propone mejores relaciones y que «no solamente exista una simplificación sobre el papel, una simplificación sobre la norma, sino que eso mejore las relaciones de verdad con la ciudadanía».
Propone un segundo eje para fomentar la reactivación de la actividad económica, «porque eso es clave», y «si no hay una administración ágil y eficiente, la actividad económica es inexistente».
Y un tercer eje encaminado a «mejoras internas en el funcionamiento de la Junta, que también es algo de pura lógica».
Ha puesto como ejemplo en este punto la normativa del Gobierno del PP en Andalucía, «que modifica nada menos que 176 normas, 53 leyes, 95 decretos, 28 órdenes y reducirá en un 90% el número de aplicaciones de la Junta».
MORA CARGA CONTRA SERRANO
El diputado del PSOE Fernando Mora ha rebatido el último extremo esgrimido por Santiago Serrano, recordándole que en Andalucía, las medidas que ahora defiende «se han tomado por decreto, sin discusión parlamentaria».
Aunque «cuesta adaptarse», la administración electrónica es para Mora «infinitamente más rápida que esa de la oficina con el papeleo».
Ha puesto como ejemplos de la simplificación que impera en Castilla-La Mancha la instalación de empresas como Meta en Talavera de la Reina o Puy du Fou en Toledo.
Del mismo modo, ha incidido en que PP y Vox, que ahora piden mejoras en estos trámites, no hacen lo propio «en los ayuntamientos donde gobiernan».
«Y todos nosotros tenemos mucha burocracia, en el Ayuntamiento, en la Diputación, en la Comunidad Autónoma, en el Estado, en Bruselas, todos tenemos mucha burocracia, y evidentemente hay que despejar el camino de burocracia», ha indicado.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
En las propuestas de resolución propuestas, Vox ha planteado menos burocracia impulsando la simplificación de procedimientos o auditar externamente a la Junta para suprimir «cargos» a dedo.
Menos plazos, informes únicos, publicar tiempos medios de tramitación, profundizar en el análisis de la satisfacción de los ciudadanos o crear un «asistente» para los ciudadanos se planteaban en las propuestas del PP.
De su lado, el PSOE ha reivindicado en su propuesta apoyar al Gobierno regional en su camino a la simplificación administrativa, pidiendo que la ley comprometida al respecto llegue lo antes posible.
