La organización agraria Asaja Castilla-La Mancha ha fijado la movilización para el próximo 17 de diciembre en Toledo, fecha en la que los agricultores protestarán «ante la insostenible crisis de rentabilidad que atraviesa el campo».
El objetivo, según ha explicado la organización en nota de prensa, «no solo es reivindicar medidas más que justificadas para el sector, sino también que el consumidor aprenda a identificar los productos y conozca las diferencias entre lo que producen nuestros agricultores y lo que llega de fuera».
Las principales causas de la crisis de rentabilidad en las explotaciones agrarias, según ha informado Asaja, se pueden resumir «en la inflación e incremento de los costes de producción; el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria; las importaciones masivas a precios ruinosos y la falta de reciprocidad respecto a las producciones de países terceros».
Los agricultores denuncian que, hoy en día, «producir alimentos en nuestro país cuesta más de lo que reciben por ellos, a pesar de que la normativa vigente prohíbe que se pague por debajo de los costes de producción».
Además, acuerdos comerciales como el de Mercosur «suponen que nuestros agricultores tengan que competir con productos importados que no cumplen con los mismos estándares de calidad, sostenibilidad y seguridad que se exigen a los nacionales».
«Esto no sólo es injusto para los agricultores, sino que, además, afecta a los consumidores, que la mayoría de las veces no tienen opción de saber el origen ni las prácticas utilizadas en los alimentos que consumen».
A ello hay que añadir la posibilidad de que, con la vuelta de Trump a la presidencia, Estados Unidos «retome las medidas proteccionistas, como los aranceles a productos europeos, que en el pasado mandato afectaron gravemente a productos españoles».
Una situación que, según la organización agraria, podría repetirse si el Gobierno de España no sigue el ejemplo de otros países de nuestro entorno cuando negociaron y adoptaron medidas para proteger su producción nacional.
Como consecuencia de todo, afirman, «estamos poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, es decir, la capacidad de decisión y control del consumidor de que, lo que se lleva a la mesa, está por encima de intereses económicos o políticos».
En definitiva, el derecho del ciudadano a elegir qué quiere consumir, cómo acceder a esos alimentos y en qué condiciones se producen.
Frente a esta situación, el presidente de la organización agraria, José María Fresneda, hace un llamamiento a los consumidores para que el 17 de diciembre apoyen a los agricultores, pues no sólo luchan por su supervivencia y rentabilidad, sino por un sistema alimentario justo, sin competencia desleal y que responda a la triple sostenibilidad: económica, social y medioambiental.
En palabras de Fresneda, «lamentablemente, estamos ante una sociedad polarizada a instancias de la clase política y económica. No queremos falsos apoyos ni falsas promesas y rechazamos cualquier mensaje de odio o abuso del sufrimiento que padecen los agricultores».
«La movilización sólo responde a un objetivo: defender el modelo productivo o, lo que es lo mismo, asegurar a la sociedad productos con garantías de seguridad alimentaria, bienestar animal y protección del medio ambiente».
REIVINDICACIONES
Entre las principales reivindicaciones del sector se encuentra la creación de un Observatorio de costes para aportar transparencia al mercado y facilitar la negociación con operadores comerciales -«una demanda que está costando mucho y desconocemos los motivos»-.
Solicitan, además, una Estrategia Nacional de Producción Agraria que limite la especulación en los precios de insumos, supervise los oligopolios y establezca medidas fiscales de apoyo al sector.
También demandan una reforma del sistema de seguros agrarios, para que este proteja realmente las rentas de los agricultores ante adversidades climáticas y no excluya a quienes enfrentan dificultades económicas debido a las altas tarifas.
En cuanto a las importaciones, exigen controles más estrictos sobre su trazabilidad, calidad y volumen, así como aranceles disuasorios y la aplicación de las «cláusulas espejo» en los acuerdos comerciales, de forma que los productos de terceros países cumplan con los mismos requisitos que los europeos.
Por último, piden un etiquetado claro que informe a los consumidores sobre el origen y las condiciones de producción de los alimentos, garantizando transparencia y trazabilidad en el mercado.
