El secretario general de la Federación Empresarial Toledana, Manuel Madruga, ha criticado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional se haga «en función de testosterona» y ha asegurado que dicho incremento pretende servir para «congraciarse con la gente» a la que no le gusta la Ley de Amnistía a través de una «fiesta» que «van a pagar los empresarios».
A preguntas de los medios este miércoles, Madruga ha asegurado que en España «el empleo va mal pese a que se nos dice que va bien» y hay una inflación que «nos está desbordando», por lo que, alega, «esos son los parámetros que se tienen que poner encima de la mesa».
«Si tú incrementas los salarios, empezando por el más pequeño, entras en una espiral de inflación de segunda vuelta», ha incidido.
En su opinión, el Gobierno se está basando en datos económicos «que no son reales y que, por lo tanto, no se corresponden con una verdadera tasa de desempleo» para llevar a cabo sus políticas.
«El problema al que nos estamos enfrentando se llama que encima de la mesa se ha puesto una amnistía, esa amnistía le gusta a muy poca gente y por lo tanto hay que congraciarse con esa gente, y eso es lo que ellos van a denominar avance en derechos sociales», ha manifestado, insistiendo en que esos avances sociales son «una fiesta» que van a pagar los empresarios.
En este punto, ha vaticinado que en los próximos meses «seguirá habiendo amenazas» cuando el Gobierno se siente a negociar. «Y veremos cómo habrá medidas de conciliación de vida familiar con el trabajo, que será muy difícil de criticar, porque el que lo critique será considerado fascista o alg por el estilo. Ya estamos acostumbrados a ver esto, son medidas que tendrá que pagar el empresario», ha lamentado.
«ESPAÑA NO ES PAÍS PARA EMPRESARIOS»
Abundando sobre el tema, ha considerado que los empresarios españoles no son competitivos «por la cantidad de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social» que tienen.
«Tenemos nueve millones y medio de pensionistas y va a haber más pensionistas que se van a sumar ahora porque vienen los ‘baby boomers’ de los años 60, y no se puede soportar; y tenemos 12 millones de personas que, aparte de los pensionistas, de alguna manera reciben algún subdisio y no se incorporan, como debieran, al mercado laboral. Pero decir esto es de fascistas», ha reiterado.
Así, ha puesto como ejemplo el caso de la empresa Pablosky de Fuensalida (Toledo), actualmente en conflicto laboral con sus trabajadores ante la intención de la empresa de realizar un ERE, incidiendo que «en Castilla-La Mancha hay determinadas empresas, determinados sectores que en un momento les puede venir mejor» marcharse a otros países porque «son viables en función de las circunstancias por las que atraviesan en cada momento».
«Cuando el empresario ve eso y ve que sus márgenes son más pequeños y ve que la capacidad de mantener su empresa cada vez es más pequeña, porque no es capaz de competir bien en el mercado europeo porque tiene unas condiciones totalmente distintas, emigra. Pero emigra a Marruecos, a Portugal, a Francia, emigra a cualquier sitio donde las cosas se hacen de una manera que no es por agradar al colectivo sino que se hace en base a criterios objetivos». ha remachado.
En su opinión, España, «en vez de centrarse y escuchar al empresario», lo que está diciendo a sus empresarios es que «no es un país para empresarios»
