España presenta una situación de «emergencia habitacional», una cuestión que ha pasado a ser problema de Estado y en el que los tres niveles de Administración -estatal, autonómica y local- han de arrimar el hombro para abordarlo.
«Las diferentes administraciones, con independencia de sus ideologías, lo que deben de hacer es articular medidas eficientes que generen oferta de vivienda a corto plazo, tanto en venta como en alquiler».
Así lo ha reclamado el presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias de España, José María Alfaro, en declaraciones a los medios antes de la inauguración del encuentro nacional que celebran este miércoles en la capital regional donde, entre otras cuestiones, harán una puesta en común del primer año de vida de la Ley de la Vivienda y abordarán un problema que comparten las principales ciudades o centros productivos del país.
«Estamos adoleciendo de oferta suficiente, tanto en el mercado de compraventa como, principalmente, en el del alquiler. Nos encontramos una oferta de alquiler en retirada, con propietarios que tienen miedo, que tienen desconfianza, que no ven rentable ni seguro alquilar su vivienda. Eso está haciendo que emigren propiedades hacia el alquiler turístico, el alquiler de temporada, que se retiren de la venta».
«Incluso está ocurriendo un efecto un tanto disfuncional, no muy conocido en este país, como es el hecho de que las personas que no pueden alquilar miran hacia el mercado de compraventa, precisamente, ante la imposibilidad, la dificultad manifiesta de poder alquilar», ha indicado Alfaro, que precisa que por cada propiedad que se alquila, hay unos 20 o 25 potenciales inquilinos que necesitan de ese arrendamiento y, desgraciadamente, no se puede satisfacer esa demanda.
«Esto añadido a la falta de construcción de obra nueva, en España se está construyendo menos de la mitad de la vivienda que se necesita, hace que haya una disminución del inventario de propiedades en venta», ha alertado Alfaro, que ha reivindicado el trabajo profesional del agente inmobiliario para mejorar la conexión de oferta y demanda.
En cuanto a las carencias de la Ley de Vivienda, ha considerado que adoloce de la debida coordinación entre los tres niveles de la administración. «Las zonas tensionadas no están operativas, salvo en Cataluña. De hecho, estamos encontrándonos situaciones donde ayuntamientos pretenden puentear a la comunidad autónoma para tratar directamente con el Estado», ha denunciado.
Tras recordar que el sector inmobiliario ya alertó de que la declaración de zona tensionada «solo iba a generar más precariedad y menos oferta», ha asegurado que en el primer año de vida de la Ley de Vivienda se ha reducido la bonificación en la ganancia patrimonial neta de los arrendadores del 60 al 50%, lo que «les ha desincentivado por el lado de la fiscalidad y por el lado de la seguridad jurídica».
El presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias de España, sobre la decisición del Gobierno regional de dejar en manos de los ayuntamientos la petición de declaración de zona tensionada, ha advertido de que se puede producir un efecto frontera.
«Por ejemplo, entre Toledo y Madrid, donde haya inversionistas que deshagan posiciones en Toledo, si se declara la zona tensionada y se pone en ejecución, y se vayan, por así decirlo, a zonas como Parla o, bueno, justo en el linde con Madrid, donde no exista esa regulación».
Dicho esto, ha asegurado que el sector de las inmobiliarias no es partidario de limitar los precios, pues consideran que no es la solución. «Se está atacando el efecto y no la causa. La causa es la falta de oferta y lo que hay que trabajar con medidas incentivadoras es la oferta, y no solo en obra nueva, que eso tardará en llegar, sino principalmente para que vuelvan al mercado las viviendas que se han marchado».
VIVIENDA TURÍSTICA
En cuanto a la vivienda turística, ha admitido que es un claro ejemplo de migración de la vivienda habitual a otros usos, como este, «que es mucho más rentable y es lo que prefieren los arrendadores».
«Lo que deben de hacer los ayuntamientos es proveer los recursos necesarios para controlar y sancionar a quién no cumple la legislación en esta materia. Si se controlara y se sancionara a quien no cumple como es debido, seguramente el mercado del alquiler turístico se regularía debidamente», ha añadido.
LA OKUPACIÓN NO ES UN PROBLEMA
En cuanto a los cortapisas que los propietarios pueden tener para alquilar sus vivienda, el presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias de Españaha ha descartado que sea por miedo a la okupación.
«En los medios salen noticias o artículos que más o menos provienen de determinados sectores que tienen unos intereses claros, pero la realidad es que el principal problema no es la okupación, el principal problema viene del atasco judicial», ha criticado Alfaro, que ha cuestionado que en partidas judiciales de Toledo, después de un año, no se hayan admitido a trámite demandas de desahucio por impago.
«No es admisible. En ningún país de la Unión Europea pasa esto. Eso lo que está haciendo es que el arrendador, si no llega a ser por iniciativas privadas de protección de alquiler, pues no alquile como vivienda habitual y aún así cada vez es más caro, porque entre otras cosas esas garantías de alquiler cuestan dinero y lo tiene que sufragar el arrendador y al final lo acaba repercutiendo la renta».
De ahí que haya lamentado que se esté dando todo lo contrario que se perseguía, inicialmente, con la ley de la vivienda, cuyo fin era mejorar la situación de la demanda. «Lo que estamos haciendo es claramente perjudicándola».
