Igualdad y CCAA han aprobado este lunes en la Conferencia Sectorial de Igualdad la ampliación de un año más para la ejecución del proyecto de creación de servicios de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual. Por lo tanto, la iniciativa de la puesta en marcha de los 52 centros (al menos uno por provincia) tendrá de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2024.
Estos comités de crisis debían estar operativos antes de finalizar este año 2023, pero la Comisión Europea ha aprobado una prórroga para ampliar el plazo hasta diciembre de 2024, ya que la mayoría de CCAA todavía no tenían listos estos centros.
Por el momento, ha abierto sus puertas el centro de crisis 24 horas de Cantabria; Madrid y Asturias ya contaban con uno de estos centros y, próximamente, está previsto que también se pongan en funcionamiento los de Navarra o Aragón, entre otros.
Los centros de atención a víctimas de violencia sexual 24 horas atenderán a mujeres mayores de 16 años víctimas y supervivientes de violencia sexual, tanto si la violencia se ha producido de forma reciente, como en el pasado. Para acceder a ellos, no será necesaria la interposición de una denuncia y el enfoque estará centrado en la víctima y superviviente.
El trabajo en estos centros, se adaptará a las demandas, tiempos y necesidades de las víctimas y las personas profesionales del centro tendrán formación especializada en género, enfoque de género, derechos humanos, interseccionalidad, violencia contra las mujeres, violencias sexuales, trauma, crisis y emergencia.
Desde 2021, se han transferido más de 83 millones de euros a las comunidades autónomas para la creación de estos centros de crisis. Se trata de una medida prevista en la inversión número 4 del Componente 22 del Plan de Choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión, del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.
Por otro lado, según han informado desde el ministerio que dirige Irene Montero, en la Conferencia Sectorial se ha informado también de la conclusiones hasta la fecha de los seis comités de crisis sobre violencia de género, con el fin de analizar las situaciones de cada caso en los momentos en los que se ha producido un repunte de feminicidios por violencia de género (cinco o más casos en el plazo de un mes).
FACTORES A TRABAJAR
En esta línea, Igualdad ha indicado que de los seis comités de crisis celebrados entre diciembre de 2022 y octubre de 2023 han observado que hay factores que se repiten, como que la mayoría de las mujeres asesinadas enfrentan situaciones de vulnerabilidad o se encuentran en riesgo y/o exclusión social.
En este sentido, han tralado a las autonomías la necesidad de establecer medidas de mediación intercultural en los servicios sanitarios y educativos, y poner más herramientas y políticas públicas a disposición de las mujeres para llegar a ellas.
Igualmente, quieren reforzar el enfoque de género entre profesionales que atienden de manera directa o indirecta a las víctimas: salud mental, atención primaria, servicios sociales generales, sistema de dependencia y turnos de oficio de otras ramas del derecho como por ejemplo familia o extranjería. Además, también han planteado reforzzar los sistemas de protección y seguridad institucionales cuando no existen medidas judiciales o policiales, con especial atención a mujeres que retiran la denuncia.
En este sentido, han destacado la importancia de que el nuevo ATENPRO llegue a todas las víctimas que estén en situación de riesgo bajo/medio o aquellas mujeres que, acudiendo a los servicios especializados, aplicando sus evaluaciones del riesgo, aprecien la necesidad de facilitar ATENPRO a las usuarias que así lo necesiten.
También han recalcado «la necesidad de seguir sensibilizando al entorno de la víctima», porque como ha sucedido en otros comités de crisis, han asegurado que «existen indicadores de que familiares o vecindario tenían conocimiento de la relación violenta».
Otro de los factores que han manifestado que es preciso trabajar es la coordinación en el propio municipio, ya que, según han informado, varias de las víctimas no acudieron a los servicios especializados, pero sí habían acudido a Servicios Sociales generales, que no consta que las derivaran a los especializados.
Por último, han añadido que es preciso mejorar la información existente en el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ).
