Ante la «dramática situación» en la que se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, la «falta de soluciones eficaces» por parte de las distintas administraciones y la «falta de acuerdo social» sobre la necesidad de abordar un cambio en la gestión de los acuíferos sobreexplotados, las principales organizaciones ecologistas nacionales reclaman la puesta en marcha de un marco de actuaciones prioritarias, tal y como se ha hecho en otros espacios naturales protegidos, como Doñana o el Mar Menor.
Para impulsar la puesta en marcha de este plan de emergencia, las organizaciones han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) un documento de propuestas con los elementos básicos y pasos a seguir para alcanzar los objetivos de conservación que establece la normativa de parques nacionales, de aguas y de conservación de la Naturaleza de la Unión Europea, según ha informado WWF en nota de prensa.
La situación hidrológica del parque, aseguran, está ocasionando «uno de los mayores y más dramáticos descensos en biodiversidad acuática desde su desecación casi total en 2009». En la actualidad, señalan que apenas 100 hectáreas de las 3.030 del parque nacional tienen algo de agua y la fauna del humedal «está prácticamente desaparecida», lo que implica que «se encuentra de facto en un estado de conservación desfavorable, según la ley de parques nacionales».
En este contexto, y a pesar de la «conocida influencia de los regadíos en la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Guadiana», no se han tomado medidas eficaces «ni siquiera para empezar a revertir la situación». Las organizaciones ecologistas recuerdan que el nivel de «extracciones ilegales sin derechos» en el acuífero 23 es de 50.000 hectáreas y 92 hectómetros cúbicos, «diez veces superior en superficie y cuatro veces en volumen que la extracción de los acuíferos que alimentan al Parque Nacional de Doñana o al Mar Menor». «Esto está provocando un descenso de 2 metros anuales de los niveles de agua subterránea y un déficit continuado del acuífero que llega hoy a superar los 1.500 hectómetros cúbicos».
A pesar de los 250 millones de euros en medidas agrarias invertidos desde 1994 para reducir la extracción de agua destinada a regadío, no se han conseguido crear cambios estructurales profundos que faciliten el aporte de agua subterránea al humedal y evite la pérdida de los valores que hacían merecedoras a las Tablas de Daimiel de la calificación de Parque Nacional. El problema, consideran, es que «se continúa gastando mucho más en medidas agrarias que conllevan un incremento de las superficies de regadío, como las destinadas a reestructuración del viñedo o a la modernización de regadíos».
Las principales organizaciones ecologistas han enviado al Miteco una propuesta de marco de actuaciones que debería ir «bastante más allá» de lo que ya está planteado en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadiana. Las organizaciones observan que «no hay correspondencia entre los objetivos ambientales del Plan Hidrológico de Demarcación del Guadiana, las acciones a poner en práctica y el calendario previsto para la consecución de tales objetivos, por la falta, entre otras cosas, de un decidido cambio en la política de regadíos nacional y la política agraria de Castilla-La Mancha». «Lamentablemente, tampoco se ha aprovechado la nueva planificación de la PAC de cara a 2027 para conseguirlo», añaden.
Las organizaciones exigen «un papel relevante y coherente» al Gobierno de Castilla-La Mancha para reducir la superficie de regadío y de las extracciones ilegales utilizando los fondos europeos agrarios y de desarrollo rural. Igualmente reclaman la puesta en marcha de medidas económicas ambiciosas para cambiar hacia un modelo productivo no dependiente del agua. En el diseño y seguimiento del Marco de Actuaciones se debería contar con las organizaciones ambientales, al igual que se ha hecho por parte del Miteco en casos similares anteriores como el de Doñana o el del Mar Menor.
Las organizaciones ecologistas celebran que «poco a poco se esté aumentando la vigilancia y las sanciones a las extracciones ilegales» pero reclaman «mayor contundencia y más recursos» para terminar con «la impunidad en el robo del agua», ya que desde 2018 apenas se han clausurado pozos en un 1,07% de los expedientes sancionadores y que las superficies liberadas apenas representan el 10% del total de superficie ilegal cuantificado por estudios independientes, que se cifra en más de 51.000 ha sólo para el acuífero 23.
«A ese ritmo no se podrán asegurar caudales ambientales en las Tablas de Daimiel en el límite temporal previsto en la Planificación. Por tanto, la Confederación debería reducir las dotaciones para el regadío mucho más de lo que ahora se hace en los Planes de Actuación de las Masas en riesgo de no alcanzar el buen estado», explican.
Por otro lado, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF solicitan la recuperación de los valores y procesos naturales, evitando aquellas acciones en el Parque que profundicen en su banalización y artificialización. Así, la contribución de los ocho hectómetros cúbicos a través de la tubería manchega desde el Tajo en 2023 «resultan insignificantes comparados con la sobreexplotación del acuífero 23, que acumula 1.500 hectómetros de déficit en los 10 últimos años».
