El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este viernes la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024, que entrará en vigor el próximo día 1 de enero.
Las cuentas para 2024, que fueron aprobadas por las Cortes regionales el pasado 20 de diciembre, ascienden a un montante de 12.473 millones de euros, con una variación del 0,3 por ciento respecto al ejercicio 2023, según informa la Junta a través de una nota de prensa.
Tal y como manifestó el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante el pleno pasado, este presupuesto es fundamental para seguir avanzando con el conjunto de la ciudadanía para hacer de Castilla-La Mancha una «tierra cada vez más rica y cohesionada».
Durante su elaboración y debate, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha planteó tres grandes objetivos, consistentes en garantizar el sistema de bienestar y protección social, reforzando los servicios públicos fundamentales; promover la modernización y transformación de la economía regional e impulsar la generación de empleo estable y de calidad, con la transformación digital y la transición energética como motores del crecimiento; e impulsar la Estrategia Regional frente a la Despoblación.
En este último punto, se ha hecho especial énfasis en la financiación de políticas dirigidas en el ámbito rural al emprendimiento, la innovación y las pymes, además de a la consolidación y ampliación de los servicios públicos o la mejora de sus infraestructuras.
RESPONSABILIDAD FISCAL Y PRUDENCIA FINANCIERA
Desde el comienzo de la elaboración de estas cuentas, el Gobierno regional ha planteado los criterios de responsabilidad fiscal y prudencia financiera.
Asimismo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el respaldo con el que han contado de los agentes sociales, así como el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tanto de las previsiones macroeconómicas que sustentan el límite de gasto no financiero para 2024, como el propio presupuesto, precisando que se ha elaborado con prudencia en cuanto a la estimación de ingresos y con moderación a la hora de determinar los gastos.
GASTO SOCIAL
En relación al gasto social, se destinarán 7.304 millones de euros con el objetivo de fortalecer los servicios públicos fundamentales y atender a las personas más vulnerables. Esta partida cuenta con 340 millones más que en 2023, suponiendo un 4,4 por ciento de incremento. Estos recursos persiguen incrementar las cuantías destinadas a consolidar el Estado del Bienestar para cumplir el compromiso de situar cada año el gasto social en torno al 70 por ciento.
Por otro lado, las actuaciones de carácter económico contarán con 2.190 millones de euros, lo que supone una variación del 6,8 por ciento respecto a 2023. Esta cuantía irá encaminada a la modernización del tejido productivo, a políticas de empleo, a la dotación y desarrollo de infraestructuras básicas, al impulso de la I+D+i y de nuevas tecnologías en los diferentes sectores productivos y al avance en sostenibilidad ambiental.
Además, se vuelve a contemplar en las políticas presupuestarias el impacto del reto demográfico. Así, la Estrategia Regional frente a la Despoblación dispondrá de 1.992 millones de euros, un 12,1 por ciento más que las dotaciones previstas en 2023. Se distribuirán en cuatro ámbitos, servicios públicos, ámbito social, económico y territorial.
En cuanto a las operaciones de capital, es decir, las inversiones, ya sean realizadas por la propia Administración regional o por terceros, aumentan hasta los 1.705 millones de euros; una variación del 7,6 por ciento y 121 millones más que en el presente ejercicio.
