Los responsables de las pruebas de acceso a la Universidad de las 17 comunidades autónomas han advertido de que es «inviable» realizar las nuevas pruebas de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) para 2024 y han exigido al Ministerio de Educación y Formación Profesional una moratoria de un año.
Tras reunirse los responsables de estos exámenes de todo el país han manifestado «unánimemente» que las pruebas de acceso «son un elemento fundamental para el futuro universitario de miles de estudiantes» y han destacado que «de su buena preparación y ejecución dependen sus esperanzas y expectativas, así como las de sus familias y las del profesorado que los forma».
En un comunicado, las universidades de toda España han subrayado que «se desconocen los modelos de examen y sus criterios de corrección con el tiempo suficiente, así como el contenido detallado de la orden ministerial que regulará estas pruebas».
Por tanto, consideran que «no hay tiempo material para que los centros organicen adecuadamente una programación docente para el curso 2023/2024 ni para que impartan con garantías la formación previa del estudiantado».
Asimismo, alertan de que las universidades «tampoco dispondrán del tiempo necesario para organizar las pruebas, lo cual impedirá que los estudiantes se examinen en condiciones de igualdad y equidad».
«En estas circunstancias, no es viable asumir la incorporación de los nuevos modelos de examen ni de la duración prevista para cada uno de ellos para las pruebas selectivas de 2024. Creemos que se compromete muy seriamente el acceso a la Universidad del estudiantado con necesidades de adaptación y que, además, se somete a un nivel de estrés mucho mayor a todo el estudiantado por extenderse las pruebas en horarios y fechas», concluyen.
LAS UNIVERSIDADES YA AVISARON DE LAS «INCÓGNITAS» DE LA NUEVA EBAU
A finales del pasado mes de marzo, las universidades públicas españolas cuestionaron la viabilidad de implantar el modelo de EBAU ya que, a su juicio, «son demasiadas las incógnitas y demasiado poco tiempo para incorporarlas».
En un escrito presentado por las universidades públicas de los 17 distritos universitarios ante el Ministerio de Educación y Formación Profesional, indicaron que el proyecto de real decreto por el que se regulan las condiciones para el acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, «incorpora cambios en la normativa de acceso y admisión a las universidades públicas».
Este documento de alegaciones reclamaba «una mejora sustancial» del texto sometido a participación pública. Se trata de un documento con cuestiones que varían desde la duración de las pruebas, la composición de los tribunales, los procedimientos de reclamación, el procedimiento de admisión, o los plazos para plazas vacantes, para un total de 20 propuestas de mejora que esperan sean tenidas en consideración.
