CCOO-Industria ha pedido «encarecidamente» a los propietarios de explotaciones vitivinícolas de Castilla-La Mancha, y a sus patronales, «que hagan las cosas especialmente bien en la vendimia de este año» por ser «piedra de toque y pista de despegue» de la PAC 2023-2027, que por primera vez incorpora la «condicionalidad social» para el acceso a las ayudas comunitarias.
Según los cálculos del sindicato, la vendimia de 2023 en Castilla-La Mancha volverá a requerir la contratación de unas 25.000 personas fijas-discontinuas, una cifra similar a la del año anterior, si bien en esta nueva campaña se reducirán en torno a un 10% las jornadas reales de trabajo, que no llegarán al medio millón debido, «sobre todo, a la progresiva mecanización de la recogida de la uva; mucho más que al impacto de las condiciones climáticas y acontecimientos meteorológicos adversos».
Así lo indican el secretario general de CCOO-Industria en la región, Ángel León, y el responsable estatal del Sector Agrario de esta federación del sindicato, Vicente Jiménez, en un artículo de opinión en el que describen a la vendimia como «el gran acontecimiento laboral, económico, social y cultural de una gran parte de nuestra región».
Tal y como ha informado CCOO en un comunicado, los sindicalistas resaltan que «la inmensa mayoría de las personas trabajadoras que acudirán a vendimiar este año a Castilla-La Mancha –muchas han comenzado ya– son fijas-discontinuas que ya lo hicieron el año anterior», lo que a su juicio evidencia «la muy positiva contribución de la reforma laboral a la mejora contrafactual, laboral y social de las personas trabajadoras por cuenta ajena del campo de Castilla-La Mancha».
Valoran, además, que «los llamamientos, por orden de antigüedad, se están haciendo de forma generalizada de acuerdo con la normativa laboral y con los pactos incluidos en los convenios colectivos de referencia».
El artículo pone especial énfasis en las implicaciones de la PAC 2023-2027, «que por primera vez incluye entre sus objetivos la mejora de las condiciones laborales, sociales y de salud de las personas trabajadoras; incorporando el concepto de ‘condicionalidad social’, una reivindicación histórica de CCOO que finalmente se ha abierto paso».
«Cualquier vulneración conllevará la reducción del importe de los pagos, e incluso su total supresión, en función de la gravedad, el alcance, la persistencia o la reiteración y la intencionalidad del incumplimiento en cuestión. Las sanciones afectarán a los pagos directos de las ayudas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)».
León y Jiménez admiten que hasta ahora se están «haciendo las cosas bien» por parte de los empresarios vitivinícolas y expresan su confianza «en que siga haciéndose así, tanto en lo que respecta a la contratación, que siempre debe formalizarse por escrito, como al resto de la legislación laboral».
Recuerdan al respecto que la «declaración, registro y altas en la Seguridad Social» deben ajustarse a las jornadas reales de trabajo y que se deben abonar los salarios de campaña según convenio, «con suelo en el SMI, una advertencia que lamentablemente no sobra en Ciudad Real; donde el salario diario (8 horas) no debe ser inferior a los 67,42 euros brutos».
Igualmente, reclaman el «cumplimiento de las normas básicas en materia de prevención de riesgos laborales y las específicas establecidas en el Acuerdo estatal sobre trabajo a la intemperie suscrito con la patronal Asaja», así como «alojamientos dignos a cargo de los empresarios».
