El 25 de abril de 1997 se aprueba la ley 15/97 sobre la habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. En el enunciado número dos su artículo único subscribe: “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad.”
Este pequeño párrafo, aprobado en un BOE hace 25 años, es el principal responsable del desmantelamiento sistemático de la Sanidad Publica en España. Con la pérdida de camas hospitalarias, la precarización de los contratos, la falta de personal y de recursos en los propios centros tras la entrada de empresas privadas, con jugosos contratos, se dejó de poder fiscalizar el servicio.
Este modelo ha tenido diversos ejemplos que estuvieron a la vanguardia del fracaso, proyectos que se nos vendían como lo mejor, lo más rentable, como el nuevo hito en la esfera sanitaria con tintes de flagrante neoliberalismo. El Hospital de Alzira fue el primero en régimen de concesión administrativa, y si duró tanto fue por la colaboración de las autoridades sanitarias que fueron cómplices de este esperpento. Los ingentes recursos que durante estos años se han empleado en la concesión privada se han dejado de emplear en el resto de departamentos.
Pero parece que no aprendemos, la construcción del nuevo Hospital de Toledo no ha estado exento de polémica, las diversas empresas privadas a las que se les adjudicó la construcción y la gestión de los servicios no sanitario, Acciona, ACS y OHL, vendieron buena parte de su participación a fondos de inversiones franceses, holandeses o canadienses, ganando enormes beneficios.
Ríos de tinta no servirían para escribir sobre los fracasos del modelo liberal y privatizador de la Sanidad Pública en cualquier zona, región o país, y los únicos defensores de este modelo siempre son los mismos, los que se pueden permitir un seguro privado con todo incluido. Pero hasta a estos mismos garantes de la privatización la Covid los ha dado un baño de realidad, porque en lo más cruento de la pandemia los seguros se lavaron las manos, los asegurados fueron atendidos gracias a nuestra Sanidad Pública que no le da la espalda a nadie, pero, como siempre, estos detalles parece que se les olvida fácilmente.
Hoy más que nunca tenemos que seguir defendiendo nuestra sanidad pública, es nuestro deber cívico presionar a los gobiernos para que se suprima la ley 15/97 y todas las otras leyes privatizadoras que facilitan la entrada de las empresas que sólo buscan beneficios. Los centros de mayores y de dependientes, el refuerzo de la atención primaria, la disminución de las listas de espera de consulta o de cirugía, un mayor número de profesionales sanitarios y mejora de sus condiciones laborales y un larguísimo etcétera tendrían que estar en el foco de las reivindicaciones.
