Llevamos semanas siendo testigos de cómo la factura de la luz sube y sube hasta tal punto que en los hogares tenemos que planear el momento adecuado en el que encender la lavadora, el lavavajillas o el horno. Estas acciones cotidianas se convierten en una carga más para toda la mayoría social que se encuentra asfixiada por unos horarios, que en ocasiones, son incompatibles con el trabajo, con los cuidados, con las tareas en el hogar y con el disfrute de la vida.
Esta circunstancia, unida a la subida de precios de diversos productos durante el contexto de la guerra en Ucrania y la mayor demanda de bienes y servicios tras un periodo de bajada del consumo por la pandemia, está suponiendo una angustia en las familias que encuentran cada vez más dificultades para llegar a fin de mes.
Con esto, la pasada semana, España y Portugal propusieron a la Comisión Europea que se estableciera un máximo de 30 euros por megavatio hora (MWh) para controlar el precio del gas. Se trata de una iniciativa valiente pero evidentemente insuficiente para todos los cambios que se están produciendo en los últimos meses.
Es esta insuficiencia la que hay que revertir con más iniciativas valientes, que son responsables a la vez, con el objetivo de contrarrestar las consecuencias nocivas para las familias trabajadoras que provoca el liberalismo económico al servicio del Capital, del que tan admiradores son en la derecha española y en el ámbito neoliberal del PSOE.
Por ello, en Izquierda Unida tenemos la firme creencia, y así lo hemos expresado en reiteradas ocasiones, que es de vital importancia que se establezcan medidas políticas que contemplen medidas concretas y específicas para la nacionalización, en parte, del sector energético español, y así contribuir y garantizar un precio justo y digno para todas las familias en nuestro país, basadas en la Constitución Española, concretamente en su artículo 128.
El Estado Español no debería consentir que los suministros básicos se trasformen en los recursos para enriquecer a unos pocos que ya son muy ricos, cuando estos suministros básicos y su disposición social deberían ser los medios de minimizar las desigualdades sociales y el acceso a uno de los indicadores de la calidad de vida.
Dicho esto, seguramente que algunos ya se estén llevando las manos a la cabeza esputando: ¡comunista!, y lo cierto es que es una seña inequívocamente de las políticas socialistas (en referencia a la doctrina política), aunque bien es cierto, que no debe ser algo tan malo ni tan exclusivo, cuando hace unos días, Alemania mostró su intención de nacionalizar la filial germana de Gazprom hasta finales de septiembre para asegurar el suministro de gas en el país. Una noticia impensable hace unos años y que en la actualidad debería ser el camino que comenzara a andar España para garantizar un precio justo en los suministros de energía.
De hecho, recuerdo que al menos diez países de la UE tienen una empresa pública que gestiona energía, los cuales no son sospechosos de ser comunistas. Para más INRI, el Estado Italiano tiene en propiedad el 70% de ENDESA, la compañía energética española que fue pública, y que dejó de serlo por iniciativa de los presidentes del Gobierno Español; Felipe González y José María Aznar, que por cierto acabaron siendo parte de los consejos de administración de dos compañías energética, uno de ellos en el de la misma Endesa.
Es indiscutible lo favorecedor que supuso para las grandes compañías energéticas, la privatización de Endesa y la consecuente retirada del Gobierno Español del tablero de juego del mercado energético, y a juicio de las monumentales remuneraciones por ser consejeros de estás, también para los `nuevos consejeros´ que se iban incorporando a estas, no exactamente y literalmente por una puerta giratoria, sino por la puerta grande y seguramente que con aplausos, vuelta al ruedo, oreja y rabo incluidos.
Así que, sí, la intervención del gobierno en aquellos sectores productivos y estratégicos es de `comunistas´, como parece serlo igualmente de alemanes, franceses, italianos, irlandeses, polacos, etc., independientemente del signo político de sus gobiernos. Y lo es, porque la razón es tozuda y porque a la vista está, y a las pruebas me remito, K. Marx no estaba tan loco y errado como algunos pretenden hacer ver y convencer.
Ahora, que la gente trabajadora pide al Gobierno que este intervenga en la subida de precios de la electricidad, del petróleo, de los alimentos, etc., es el momento de darles lo que piden, y como decíamos al inicio; tomar decisiones valientes para mejorar las condiciones materiales de la mayoría social.
Hay que nacionalizar en la justa medida que sea necesario. Hay que ser responsables con el futuro de España, y sobre todo, con los españoles y españolas.
