Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Castilla-La Mancha han realizado, desde el pasado 14 de marzo, 721 escoltas de convoyes para garantizar el transporte de suministros de primera necesidad y de bienes esenciales. De igual modo, hasta este jueves, han formulado en toda Castilla-La Mancha un total de 130 denuncias por acciones que han podido incidir en la seguridad ciudadana o en el incumplimiento de la normativa, se ha procedido a la investigación de nueve personas y a la detención de ocho personas, principalmente por daños ocasionados en vía pública.
En nota de prensa, la Delegación ha explicado que son escoltas que han asegurado que no se hayan producido desabastecimientos masivos de productos alimentarios para consumo humano para el comercio y supermercados y que han mantenido la llegada de alimentos para ganado, material y equipamientos para infraestructuras críticas e industriales.
Desde que diera comienzo el paro del transporte convocado por organizaciones minoritarias, han sido un total de 1.886 efectivos de Guardia Civil y de Policía Nacional los que han estado de forma permanente prestando su servicio para garantizar la actividad de los transportistas que no han querido secundar esta protesta, para tener abastecidas las necesidades principales de las personas y el alimento de los animales, y para actuar contra las puntuales acciones violentas que se han producido.
«Desde el primer momento, tanto la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha como las Subdelegaciones, en las cinco provincias, han tenido un contacto directo y permanente con la Administración regional, para la organización de los distintos convoyes solicitados por las organizaciones de transportistas y por empresas a título particular, así como una comunicación continua y fluida con las delegaciones y subdelegaciones de las comunidades autónomas vecinas, con el objetivo de coordinar los servicios de escolta durante todo el trayecto de los convoyes», han indicado.
Al tiempo, tanto el delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca, como los subdelegados y subdelegadas en las provincias han recogido las preocupaciones y demandas de las organizaciones y empresas afectadas, al tiempo que se les ha mantenido puntualmente informados de todo el dispositivo especial establecido.
Tierraseca ha insistido en que lo que se pretende es «normalizar la situación» y garantizar el derecho a la protesta de este colectivo, pero que ello se realice, al tiempo, «con todas las garantías para el resto de la población».
Por este motivo, el delegado del Gobierno ha hecho «un llamamiento a evitar episodios de violencia y coacción y a que se respeten al máximo los servicios esenciales, sobre todo, el transporte de comida, tanto para las personas como para el ganado».
De igual modo ha asegurado, además, que, desde la Delegación del Gobierno se ha «garantizado escolta policial desde el primer momento, incluso a aquellos convoyes que no la querían, pero hemos preferido que les acompañe la Guardia Civil para garantizarles la tranquilidad». Una escolta que, ha insistido Tierraseca, se ha organizado «en colaboración con las delegaciones del gobierno de las otras comunidades» para completar el traslado hasta y desde los puertos.
