Las Cortes de Castilla-La Mancha, por acuerdo de PP, PSOE y Ciudadanos en una declaración institucional, han rechazado aquellos discursos que niegan la violencia «específica que sufren las mujeres por el hecho de serlo», así como las actitudes y discursos que «minimizan u obvian la existencia de desigualdades entre mujeres y hombres», y que menoscaban la labor de las personas, entidades y colectivos que trabajan por la igualdad.
El pleno de las Cortes de este jueves ha arrancado con la aprobación de esta declaración institucional de los tres grupos en la que rechazan cualquier cuestionamiento de los consensos colectivos logrados hasta la fecha en materia de igualdad entre mujeres y hombres, ya que «representan los más elevados valores democráticos de nuestra sociedad».
De este modo, instan a todas las instituciones y al Gobierno de Castilla-La Mancha a continuar implementando y mejorando las políticas públicas que hagan frente «a los desafíos que siguen pendientes», especialmente en aquellos ámbitos donde las mujeres se encuentran «con mayores obstáculos», como a los nuevos retos sociales, «con el objetivo de afrontar el presente y el futuro partiendo de la base de la igualdad».
Renuevan además «su firme compromiso para trabajar por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos y cada uno de losámbitos de la vida y se comprometen a impulsar cuantas acciones sean necesarias para remover los obstáculos que impiden o dificultan la plenitud de derechos y libertades de las mujeres».
Asimismo, reconocen el esfuerzo y el trabajo realizado por numerosasgeneraciones de mujeres, así como por el movimiento organizado de mujeres, por diversas entidades asociativas, tanto del ámbito feminista como de otros ámbitos, y se comprometen a seguir trabajando en común con el objetivo de acelerar el avance de la igualdad en la región.
Valoran el trabajo llevado a cabo por el conjunto de las administraciones públicas, las asociaciones, y las entidades del tercer sector social «para el desarrollo de medidas e instrumentos que garanticen una sociedad en igualdad de derechos y responsabilidades, libre de todo tipo de violencia de género y de todo tipo de discriminación».
Por esta razón, las instituciones parlamentarias apelan a su deber y obligación de contribuir «al ensanchamiento» de las democracias y a la igualdad de género.
