El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este viernes que «obviamente» no comparte la decisión del Gobierno central, que se ha propuesto eliminar el actual delito de sedición, convencido de que «dejar las soluciones a los que tienen como propósito romper la convivencia no es el camino correcto».
A preguntas de los medios por este asunto tras presentar el proyecto de rehabilitación del antiguo palacete de Cruz Roja en Ciudad Real, García-Page ha indicado que, pese a no compartir el planteamiento, «esto no significa para nada que no busquemos entre todos la mayor convivencia en Cataluña y de la parte más independentista con el resto de España» pues el objetivo, ha dicho, es «conseguir la convivencia».
Tras admitir que, más que su opinión al respecto, «probablemente lo más importante es si los ciudadanos creen que es lo que parece», convencido de que eso es lo que van a opinar, «lo que parece», ha señalado que al conocer este jueves la noticia se sorprendió ya que, aún siendo «lícito, legítimo y seguramente hasta serio y razonable» plantear cómo se llamaría o tipificaría a medio plazo lo que pasó en Cataluña, es «muy raro».
Dicho esto, ha reconocido que lo que más le preocupa de este debate hoy es «que se cumpliera el primer objetivo de todos: que Puigdemont viniera a España y se sometiera con las mismas normas como hicieron Junqueras y los demás a los tribunales de justicia española» en vez de «cambiar las reglas de juego a mitad de partido», algo que considera que debería hacerse «por justicia básica».
«Los que están fugados tienen que venir, primero Puigdemont aquí y luego hablamos de cómo tipificar futuras intentonas a futuro», ha subrayado García-Page, que entendiendo la «buena voluntad» del Gobierno de España, preferiría que «un pacto sobre cómo afrontar el intento de quebranto constitucional que supuso toda la operación planificada del independentismo en Cataluña» se acordara entre los partidos que defienden la Constitución.
En su opinión, «si este papel lo hacen los que quieren atacar y acabar con la Constitución es harto difícil, y desde luego nunca será sereno el debate ni será objetivo», ha asumido, añadiendo que el debate no será sereno «interfiriendo claramente en los procesos en marcha o en procesos de apelación ante el Tribunal Supremo».
Se ha referido a las palabras que ha expresado sobre este asunto el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para criticar «que se quiere convertir en juez y parte, es decir, decidir él mismo qué tipo de delito pueden o no cometer y qué pena tendría», lo cual «es de todo punto incomprensible», ha incidido Emiliano García-Page.
En términos de valoraciones legales, según el presidente castellanomanchego, «desde luego lo que no es homologable es la actitud de los independentistas, en Europa no se va a encontrar un caso parecido a lo que hicieron los independentistas en Cataluña y si no hay caso parecido va a ser muy difícil equipararlo».
TRATADOS «CON LA MISMA VARA»
El socialista es de la opinión de que hay que trabajar «en un escenario en el que se tenga muy claro en España que quien quiera intentar una cosa así tiene que entender que las consecuencias no son solo políticas, retóricas, de titulares de prensa, son penales. Incumplir la ley civil o la ley mercantil comporta penas, y la ley penal también, e incumplir la ley de leyes que es la Constitución, obviamente».
Dicho esto, ha declarado que todo sistema democrático tiene la obligación de tener mecanismos de defensa, constitucionales y democráticos, para mantener el orden constitucional. «Ojalá que no hubiera tenido que llegarse a la cárcel, que no hubiera tenido que llegarse a un referéndum como el que se produjo. Creo que ahí hubo diletancia con el PP, hubo demasiados brazos cruzados, hubo errores de bulto a la hora de gestionar el problema, se les fue de las manos» y ahora «se está pagando esa factura».
Emiliano García-Page está convencido de que la solución en Cataluña «ni será rápida ni será milagrosa» y «requiere de muchos esfuerzos, pero que todos pasen por el cumplimiento de la ley».
«Para mí es de sentido común, es de cajón, que si algunos han entrado en la cárcel por una ley, que encima está recurrida en tribunales europeos, que obviamente tomarán cuenta de este cambio legal, si unos han sido medidos con esa vara, todos los que participaron, y el cabecilla más, tienen que ser tratados con la misma vara».
Finalmente, preguntado por si pedirá a los diputados de Castilla-La Mancha que no apoyen esta medida, ha destacado que los parlamentarios de la región «se deben a lo que se acuerde en el Parlamento de la nación» y que «lo que deben hacer los grandes partidos es tener cohesión, no romperla».
