El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha precisado este jueves que la moratoria que su Gobierno aplicará a la autorización de las llamadas macrogranjas, no implica su prohibición, sino una «pausa procesal» para abordar con «consenso y con «cabeza» esta cuestión, que genera «sensibilidad social».
El titular del Gobierno castellanomanchego ha vuelto a hablar de este asunto, preguntado por los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido con la ministra de Fomento, Raquel Sánchez, con la que mantiene una reunión de trabajo en Toledo.
«Nosotros no vamos a prohibir la macrogranjas, ni podemos hacerlo, además, teniendo en cuenta que habría que discutir qué es y qué no es una macrogranja. Lo que estamos diciendo es que, habida cuenta de los múltiples intereses y problemas que hay, es una forma de abordar con cabeza los problemas. Hay quien lo quiere hacer desde la demagogia y el populismo más barato o desde el fanatismo más absoluto. Lo que decimos es que están pasando demasiadas cosas en la normativa europea, en la normativa ambiental y en la sensibilidad social como para que hagamos una pequeña pausa procesal y lleguemos a consensos».
En este punto, García-Page ha insistido en que su voluntad es que la legislación que haya en la región respecto al sector ganadero en su conjunto sea fruto del «consenso», dado que se trata de un sector «potentísimo», que da miles y miles de puesto de trabajo y que es determinante. «Tiene que estar a salvo de la demagogia barata», ha insistido.
PIDE A LOS GOBERNANTES SENSATEZ Y DEFENDER LO NACIONAL
Dicho esto, y tras volver a asegurar que respeta todas las opiniones generadas en torno a esta polémica cuestión, «tanto la de los que están a favor de las macrogranjas como la del ministro Garzón, como la del presiente del PP de Castilla-La Mancha que también dijo lo mismo», ha insistido en que «cuando uno gobierna ha de actuar con sensatez».
«Están cambiando los procedimientos europeos, hay denuncias de Europa a España por la gestión de los residuos y nosotros lo que queremos es darnos unos meses para debatir con el sector la legislación que mejor regularice todos los aspectos que confluyen aquí y no solo ese planteamiento animalista ni ambiental. Es el conjunto. Apoyamos a rajatabla un sector como ganadero», ha ratificado.
De igual modo, el titular del Ejecutivo autonómico ha vuelto a indicar que ha discrepado del ministro Garzón, «no ahora, sino desde antes», porque, a su juicio, «no puede decir fuera de España que un producto español es de discutible calidad». «Punto, no se puede. Y que no se invente que es un bulo, una campaña, que si un lobyy. No pasa nada. Todos metemos la pata, yo más que el señor Garzón, pero hay que sacarla rápida, porque cuando tenemos responsabilidades institucionales tenemos que defender nuestros productos, nuestros trabajadores y nuestras empresas», ha defendido.
LOS PARLAMENTOS NO SON TRIBUNALES DE LA INQUISICIÓN
No obstante y pese a seguir arremetiendo contra el ministro de Consumo, García-Page ha descartado su reprobación en las Cortes castellanomanchegas, como ha propuesto el PP, alegando que «los parlamentos no son tribunales inquisitoriales».
«Tengo mayoría absoluta. Podría estar todos los jueves reprobando, a Cospedal, a Nacho Villa, al señor Egea este, porque permanentemente nos destroza todos nuestros derechos de agua en relación con el trasvase. Pero los parlamentos no son tribunales inquisitoriales sino lugares para llegar a consensos y hacer leyes. No para tirarse los trastos a la cabeza todos los días».
A renglón seguido, ha lamentado la «palpable estrategia del PP, que por miedo a Vox se lanza en cualquier momento a hacer una carnicería. Una cosa es defender la carne y otra que los parlamentos se conviertan en carnicerías políticas».
Y es que el titular del Ejecutivo castellanomanchego ha añadido que si el PP «fuera serio» tendría que reprobar a su propio responsable regional, «que ha dicho lo que Garzón».
García-Page ha terminado volviendo a invitar al ministro de Garzón a que visite alguna de las empresas cárnicas de la región, «envidiadas en el mundo entero y con miles de trabajadores, no lobistas, para explicarles que su trabajo o el producto que hacen es de peor calidad».
«En este país se discute mucho por el tamaño de las cosas, que si el tamaño importa, pero da igual el tamaño, lo que importa es que no hable de mala calidad de un producto español, al menos sin haberlo probado», ha concluido.
