El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, que permitirá facilitar y flexibilizar los procedimientos de autorización, por ejemplo, de nuevas variedades de vid para que el sector se adapte a lo que los consumidores están demandando, a la vez que incorpora ‘vinos de finca’ como concepto nuevo en la Comunidad Autónoma.
En rueda de prensa, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha subrayado que ésta es una ley «muy esperada por el sector vitivinícola de la región», ya que, según ha lamentado, en 2013 el gobierno del PP derogó la que había.
Asimismo, ha afirmado que el Gobierno de Emiliano García-Page ha querido mantener el nombre de la anterior ley porque es «muy representativo» de lo que supone este sector en Castilla-La Mancha, «la región del mundo con mayor superficie de viñedo y donde más vino, mosto, alcohol de uso de boca y donde más subproductos se producen», ha recordado Martínez Arroyo.
En Castilla-La Mancha, el año pasado, se produjeron 22,8 millones de hectólitros de vino y mosto, «una cifra relativamente modesta para lo que suele ser habitual ya que fue un año de cosecha baja», pero aún así, todos los años, Castilla-La Mancha es la región del mundo con más producción de vino. «Somos la bodega del mundo», ha presumido el consejero.
Dicho esto, ha comentado que Castilla-La Mancha, hoy en día, representa el 55 por ciento del vino que exporta España cada año. Hace apenas 20 años –ha apuntado– representaba el 25 por ciento. «No solamente somos una potencia, sino que somos una potencia en crecimiento imparable en los últimos años», ha subrayado.
Martínez Arroyo, que espera que la ley pueda aprobarse «si todo va bien» en este periodo de sesiones antes del verano, ha explicado que esta ley es una ley «moderna» y permitirá facilitar y flexibilizar los procedimientos de autorización, por ejemplo, de nuevas variedades de vid para que el sector se adapte a lo que los consumidores están demandando. «Las variedades que los consumidores demandan son las que queremos tener en Castilla-La Mancha», ha incidido el consejero.
También se van a incorporar flexibilidades en todo lo que tiene que ver con las prácticas enológicas, es decir, se simplifica el procedimiento de tramitación de las indicaciones geográficas.
Esta ley también apuesta por la calidad, ha abundado el consejero, quien ha dicho que se establece la obligatoriedad para las figuras de calidad del sector en Castilla-La Mancha de que dispongan de un órgano de gestión que sea previamente reconocido por la Consejería.
Se incorporan, además, una serie de opciones voluntarias en el etiquetado, que son novedosas, como por ejemplo que en las denominaciones de origen y en la indicación geográfica protegida se puedan incluir unidades geográficas menores como municipios, grupos de municipios o parajes, ha señalado el consejero.
VINOS DE FINCA, UN CONCEPTO NUEVO EN C-LM
La ley incorpora un concepto nuevo en Castilla-La Mancha, que es el de vinos de finca. Se trataría -ha explicado Martínez Arroyo-, de parajes dentro de una denominación de origen que alrededor de la bodega puedan proveerse de la uva y elaborar el vino sin necesidad de renunciar a la denominación de origen en la que estén incluidos incorporando una denominación adicional que sería la de vino de fincas, algo absolutamente «novedoso» en la región y en el país.
Según ha manifestado el consejero, hay muchas bodegas que quieren seguir en las denominaciones de origen de Castilla-La Mancha o en la indicación geográfica protegida y al mismo tiempo diferenciar su producto porque se elabora en un paraje determinado, en una altitud determinada o en un municipio concreto. Todas estas indicaciones se van a poder acoger al concepto de vino de finca.
La normativa apuesta también por el viñedo de secano en vaso, es decir, «por mantener el viñedo más tradicional y más social». Por ello, se ha decidido poner en marcha una medida agroambiental específica que entrará en vigor en el año 2023. «Es una medida agroambiental en la nueva PAC para el viñedo de secano en vaso», ha recalcado el consejero, quien ha informado de que se va a dedicar a esta línea, para proteger este tipo de viñedo, 26 millones de euros para proteger 50.000 hectáreas con compromisos a cinco años para los viticultores.
También se ha comprometido en la ley que toda la promoción que se haga con fondos públicos irá dirigida al vino embotellado y vinculado a alguna de las denominaciones de origen –hay 9– o a la indicación geográfica protegida, es decir, a las figuras de calidad de Castilla-La Mancha que generan «entre cuatro y cinco veces más renta que el vino a granel», ha recordado el titular de Agricultura.
De manera específica, la ley también incluye la necesidad de garantizar la trazabilidad de manera «absoluta» en el vino, para todos los eslabones de la cadena vitivinícola. «Vamos a ser la comunidad autónoma que más trazabilidad va a garantizar en los productos vitivinícolas y vamos a digitalizar todos los registros».
De hecho, ya se está trabajando en este momento en la digitalización de los libros de bodega y también se trabaja para que a través de un código QR el consumidor se pueda relacionar con el viticultor. «Esto nos va a permitir revolucionar el sector del vino».
El texto de la ley propone que el sector se autoregule, diversifique las producciones y alcance acuerdos de campaña. «Tenemos que garantizar una mayor competitividad y una mejor adaptación del sector al mercado», ha enfatizado Martínez Arroyo.
Le ley permite que se haga una interprofesional de ámbito regional y el consejero ha comprometido la apuesta del Gobierno regional en este sentido porque «es necesaria esta autorregulación del sector».
Igualmente, para tratar todas las cuestiones relativas al vino y al resto de productos vitivinícolas, se crea en esta ley un comité regional vitivinícola que será el foro de interlocución entre el sector y la administración. Y de manera transversal, la ley dará un impulso a la integración comercial de las empresas cooperativas, a la visibilidad de las mujeres en las empresas y en las ayudas públicas y al relevo generacional.
