El personal funcionario de Castilla-La Mancha que gestione directamente los fondos europeos tendrá la obligación de firmar un código ético y de conducta que garantice su compromiso «para tener absolutamente las manos limpias» a la hora de gestionar decisiones que, según ha explicado la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, «hay que tomar de manera ágil y rápida, pero sin renunciar nunca a garantías de transparencia y de buena gestión».
Esta es una de las medidas que se incluyen en el Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades para la gestión de los fondos europeos ‘Next Generation’ aprobado por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha con el fin de minimizar «cualquier riesgo de fraude» que se pudiera producir durante la gestión de dichos fondos.
Según ha indicado Fernández, el Gobierno de España ha sido el gobierno «más exigente de toda Europa» porque ha obligado a todas las administraciones a implementar un plan antifraude, algo que ha celebrado la portavoz del Gobierno castellanomanchego.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado «inmediatamente» este plan porque entiende, según su portavoz, que hay que hacer «enormes esfuerzos» por que el dinero público sea tratado «con exquisito mimo» y para que «sea eficiente y sea rentable a los objetivos sociales y económicos que nos hemos marcado, pero indudablemente para que sea de manera transparente y garantista».
No obstante, ha recordado que este plan es «un refuerzo» porque en el año 2016 se aprobó la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha que ya establece mecanismos en aras a la transparencia y a la buena gestión del dinero público.
En este plan antifraude, según Blanca Fernández, se pretende extender esta cultura al conjunto del personal de la Administración regional «con especial incidencia» al personal funcionario que gestiona directamente los fondos europeos.
«Se trata de fortalecer la cultura ética, de luchar contra el fraude y de que todo el mundo firme un código ético y de conducta que garantice su compromiso para tener absolutamente las manos limpias a la hora de gestionar decisiones que hay que tomar de manera ágil y rápida pero sin renunciar nunca a garantías de transparencia y de buena gestión», ha argumentado la también consejera de Igualdad.
El Gobierno va a realizar acciones formativas, de evaluación específicas de riesgos, de impacto y probabilidad de riesgo de fraude, así como pondrá en marcha medidas de detección que contemplan, por ejemplo, la utilización de indicadores de alerta o banderas rojas y otras herramientas de comprobación en los procedimientos de gestión y control como cruces de datos o canales de denuncia.
Castilla-La Mancha dispone en este momento de 1.500 millones de euros que se van a distribuir en cinco grandes ejes. Con estos millones, según ha informado Fernández, se van desarrollar al menos 2.000 actuaciones en diferentes sectores estratégicos que «van a modernizar y hacer más sostenible y competitiva la economía de la región», ha recalcado la portavoz de la Junta.
