Las residencias de mayores de la región tendrán que reservar un 50 por ciento mínimo de habitaciones de uso individual, según el Decreto de Condiciones Básicas de los centros de servicios sociales de atención especializada, destinados a las personas mayores de Castilla-La Mancha, aprobado por el Consejo de Gobierno este martes.
Un documento que «actualiza la orden del 2001 para adaptarla a los nuevos tiempos y necesidades que han emergido a raíz de la crisis sanitaria y social derivada de la COVI-19, como también a los cambios legislativos que se han producido a lo largo de todo este tiempo», según ha explicado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida.
Entre las modificaciones importantes, la consejera ha destacado las características técnicas y arquitectónicas en los edificios y en los espacios, donde se aprecia y se precisa –ha explicado– de la aplicación de un código técnico para garantizar el bienestar, la seguridad y la accesibilidad de las personas residentes.
Esta norma se va a aplicar a los centros de nueva construcción, es decir, a todos aquellos que se vayan a proyectar a partir de ahora para construir en la región y no va a ser aplicable a los centros residenciales que ya están operativos pero sí va a haber un tiempo transitorio para poder ir adaptándose. Por tanto, «en todas las obras, reformar y ampliaciones que se vayan a realizar tendrán que acogerse a este nuevo decreto que entra en vigor», ha precisado.
Otra de las modificaciones que conlleva es que las residencias de mayores tendrán que reservar un 50 por ciento mínimo de habitaciones de uso individual; y para todas las residencias, ya sean mini residencias de hasta 45 plazas, medias residencias de 45-80 plazas, o grandes residencias de más de 80 plazas, deberán de tener una zona destinada a la enfermería. Y también todas las residencias que tengan mas de 45 plazas también deberán de tener un despacho médico.
En este decreto también se modifica la nomenclatura de los centros que existen de atención a las personas mayores en Castilla-La Mancha. Se elimina la figura del servicio de estancias diurnas, pasándose a llamar ahora centro de día y los centros de día que habitualmente se conocían como el hogar del jubilado pasan a denominarse centros de mayores.
RECURSOS HUMANOS
También, con respecto a los recursos humanos, hay dos modificaciones en el personal técnico. Se permite que las empresas gestoras de los centros residenciales puedan elegir el perfil profesional cuyas funciones se adapten más a las necesidades y a las características de cada centro. Y en el personal de atención directa, como los gerocultores o auxiliares, se va a modificar la ratio. A día de hoy hay un gerocultor por cada 6 residentes, y ahora va a pasar a un gerocultor por cada 5 residentes.
Esta es una medida, ha recalcado la consejera, que «no va a suponer un gasto presupuestario» porque en todos los centros públicos ya se está trabajando con estas ratios, «incluso inferiores», para atender a las personas mayores, algo que también ocurre, ha dicho, en los centros privados.
Como novedad en este decreto, ha explicado, se pretende favorecer la permanencia de las personas mayores en las zonas rurales, y se contempla la posibilidad de que los centros puedan prestar servicios de apoyo a la comunidad, es decir, que siempre que sus condiciones se lo permitan puedan dar servicio a aquellos ciudadanos que viven en el mismo municipio como servir la comida a domicilio, servicios de lavandería, podología, fisioterapia o peluquería, es decir, que puedan acceder a los centros residenciales aunque no pertenezcan a ellos para poder beneficiarse de estos servicios.
Este decreto también introduce conceptos de calidad y de normalización de los servicios, por lo que exige a las entidades gestoras implantar un sistema de medición de calidad acreditando sus centros a través de entidades certificadoras externas.
Se trata de un decreto «importante y fundamental», ha afirmado García Torijano, ya que Castilla-La Mancha ocupa el segundo lugar nacional en cuanto a la extensión de su red de plazas residenciales para personas mayores, «contando con más de 27.000 plazas autorizadas» por lo que la regulación de condiciones básicas «beneficiará de una forma directa a las 27.000 personas que tienen esa plaza y de una forma indirecta a todos sus familiares y cuidadores de referencia».
