En marzo de 2020 llegó la pandemia. Y, entonces, los agricultores y ganaderos de toda España, inmersos en un proceso de movilizaciones, paralizaron los actos de protesta ante la alarma sanitaria. Sus problemas, no sólo continuaron latentes porque las Administraciones competentes no han dado solución alguna, sino que, además, se han incrementado con las consecuencias del COVID-19 y, otras causas como el temporal de Filomena.
Así pues, cuando parece que empezamos a ver la luz gracias a la vacuna y, respetando todas las medidas de prevención, aquellos que se dedicaron a colaborar altruistamente en la desinfección de las calles o limpiándolas de hielo y nieve, han querido volver a hacerse oír de la mano de ASAJA.
Cientos de agricultores y ganaderos colapsaron con sus tractores las calles de Albacete el 27 de mayo. Aplicando el artículo 21 de la Constitución Española y como una expresión de la democracia participativa, han querido recordar a la sociedad sus motivos y, a las Administraciones, que en sus manos están las soluciones. Y, aunque algunos de los que nos acompañaron el año pasado han decidido no hacerlo en esta ocasión, les respetamos.
Mientras tanto, y con poco acierto, el consejero de Agricultura cuestionaba si las movilizaciones son tan necesarias. Pregúntenle a los agricultores y ganaderos si, en pleno siglo XXI, en un mercado libre y globalizado, están conformes con el hecho de que no sólo no puedan poner el precio a sus productos, sino que, además, lo desconocen en el momento de su entrega.
Motivo más que justificado para que protesten, como así han reconocido partidos políticos y colectivos sociales de la región. Pero la triste realidad, es que todavía tienen muchos más motivos por los que movilizarse. Los conocen y los apoyan desde los consumidores, hasta los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha (incluido el del propio consejero) que, no en vano, a finales de abril y por unanimidad, llegaron sorprendentemente juntos a un acuerdo:
Resolución del Pleno de las Cortes, propuesta por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular y Ciudadanos, en relación al Debate General relativo a la situación del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha, expediente 10/DG-00136 (B.O. de las Cortes de Castilla-La Mancha de 30 de abril de 2021).
Así que, volviendo a los motivos, que están recogidos en un amplio documento que ya está en manos del Delegado del Gobierno en la región, el presidente de las Cortes, partidos políticos y otros agentes colectivos, a continuación hacemos un resumen.
En general, las demandas del sector están planteadas en cinco grandes bloques: Política Agraria Comunitaria (PAC), políticas conservacionistas, cadena agroalimentaria, agua y vino.
Sobre la reforma de la PAC, pedimos una convergencia real a partir del 1 de enero de 2023, el mínimo número de regiones productivas y unos eco-esquemas que puedan cumplir los agricultores y ganaderos castellano-manchegos.
Sobre las políticas conservacionistas, los productores sufren un atropello cuando no se ponen medidas para frenar los daños por las especies cinegéticas, las limitaciones al sistema productivo en las zonas ZEPA o los impedimentos injustificados para desarrollar un proyecto empresarial como son las granjas de porcino.
En cuanto a la Ley de la Cadena Agroalimentaria, que está en la fase final de su reforma, planteamos que en la cadena a todos les cuadran las cuentas menos a los productores, por lo que la reforma debe servir para que todos participen dentro de la ley, sin excepción, porque si no es así, estaremos hablando de engaño al consumidor y de traición al productor. Por ello, lo más importante es que el agricultor y el ganadero conozcan el precio de su producto en el mismo momento de su entrega, sea cual sea la naturaleza de la entidad que recibe el producto.
Y nos referimos también a las cooperativas, conformadas por los propios productores y que, aprovechamos estas líneas para felicitar, porque el Gobierno regional otorgará el reconocimiento al mérito regional a las Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha por la labor tan importante que han desarrollado en la lucha frente a la pandemia.
Volviendo a la tabla reivindicativa, en materia hidráulica, la política que se aplica penaliza el desarrollo social y económico de la región. Los procesos de planificación hidrológica han obviado las necesidades reales de agua de Castilla-La Mancha y se ha desatendido la necesidad de infraestructuras hidráulicas.
La gestión del uso del agua debe favorecer a aquellos que cumplen, a los que llevan años sufriendo los retrasos administrativos y a los jóvenes que se quieran incorporar a la actividad agropecuaria. Es precisamente a esos a los que defendemos, el resto, están al otro lado de la raya roja.
Por último, en cuanto al vino, el Comisario de Agricultura Europeo ya ha dicho que ni un euro para la destilación y la necesitamos, así que pedimos la implicación a las Administraciones nacionales y regionales, porque si no se vacían los depósitos, no habrá espacio para la uva de la próxima vendimia, y eso sí que será un problema grande para el sector. Porque, aunque nos cuenten que se exporta mucho, no nos cuentan a qué precio.
No obstante, y a modo de conclusión, es necesaria una restructuración de arriba abajo del sector, y la Ley de la Viña y del Vino de Castilla-La Mancha, tal y como está planteada, no aporta soluciones.
Y antes de acabar, a aquellos agricultores que ahora les va mejor, porque cuando hicieron un llamamiento para arreglar sus problemas allí estuvimos, recordarles que otros muchos no han tenido la misma suerte, y sus explotaciones siguen sin ser rentables. Así que, no es necesario que muestren su solidaridad para con el resto, simplemente, hace falta que no nos pongan trabas en el camino.
Y ya sí, para terminar, invitamos al consejero de Agricultura a que, desde la independencia política y la profesionalidad, estudie con detalle las demandas y se siente con los que hemos convocado las movilizaciones para negociar.
Porque los cientos de agricultores y ganaderos que protestaron en Albacete, así como los que lo seguirán haciendo en otras provincias, tienen derecho a manifestarse o ¿acaso hay algún motivo por el que no deberían ser escuchados?
