La semana pasada vivimos la convalidación del RDL por el que se adoptaban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia que debe propiciar los ajustes de la administración necesarios para aprovechar los fondos europeos de forma eficiente.
Ante la confusión de declaraciones, muchas veces deliberada, vamos a poner luz sobre lo que realmente se debatía y se aprobó. Porque por más que se empeñe Vox en intentar explicar lo inexplicable, ni se aprobaba la llegada de fondos, ni se proporcionaba liquidez a las empresas. La condicionalidad de que lleguen o no, depende de la aprobación del Plan de Recuperación, que se está elaborando y del cual no sabemos nada; y de que hagamos las reformas que nos exige Europa. Y no, no es para dar liquidez sino para financiar proyectos que incrementen el potencial de nuestra economía y permitan crear empleo y riqueza apoyándose en la
transición ecológica y la digitalización, sin olvidarnos de potenciar la cohesión territorial.
No voy a detenerme en lo recurrente de las peleas internas del Gobierno y cómo se forzó la entrada del Vicepresidente Iglesias en el “Consejo de Ministros Bis” que controlará la gestión de los fondos, una batalla más que le gana Podemos al PSOE. Lo realmente importante es que con este Real Decreto se modifican leyes importantísimas por la puerta de atrás y se cambian la regulación de convenios, consorcios, subvenciones, contratación pública y recuperan las agencias públicas (¿queremos crear
otra vez una red de agencias para colocar amiguetes?), crean las sociedades de economía mixta con el 51% de capital público, que parece una versión 2.0 del INI para intervenir la economía y dejan en una inseguridad jurídica total a los funcionarios que serán los encargados de gestionar los expedientes de los proyectos por el acortamiento de plazos y reducción de controles.
Habrá quien piense que se tramitará más adelante como proyecto de ley y permitirá arreglar este desaguisado. Lamento darles un baño de realidad. Lleva en vigor desde el 1 de Enero, tras su publicación en el BOE, se han nombrado cargos públicos y creado Secretarías de Estado para esto, afectará a la gestión de todos los fondos europeos (no sólo los de recuperación) y las partidas presupuestarias de los fondos para 2021 ya están incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Es más, la oficina económica de Moncloa no pierde ocasión en cada charla o webinar para indicar que el plan ya está en marcha desde el 1 de Enero.
Eso, y la experiencia de otras leyes donde no se han aceptado ni siquiera enmiendas exactamente iguales a las del PSOE porque provenían de la oposición. A la inseguridad jurídica, se añade la total falta de transparencia en cuestiones fundamentales: ¿Quién decide los grandes proyectos estratégicos de país, los denominados PERTES? ¿Quién selecciona los proyectos que se ejecutarán? ¿Quién asignará los fondos y para quién? La respuesta a todas esas preguntas es: La Moncloa. El Gobierno no ha entendido que la arbitrariedad y el oscurantismo no pueden presidir la gestión del mayor proyecto de modernización del país de nuestra democracia. La concentración de todo el poder en el Gobierno es riesgo de prácticas clientelares evidente. De ahí, que desde el verano Pablo Casado lleve insistiendo en la creación de una Autoridad Independiente para gestionar los fondos. La ocultación del preceptivo informe del Consejo de Estado, posiblemente para evitar que se evidencian las importantes carencias de este decreto, tampoco es un buen ejercicio de transparencia.
Basta mirar a nuestros vecinos para comprobar cómo han diseñado sus planes de recuperación: Alemania contando con un consejo de asesores económicos independientes conocido como “los cinco sabios”; Francia presentó su plan “France Relance” con una parte técnica dirigida por los premios Nobel Jean Tirole, Paul Krugman y Peter Diamond y cuenta con un panel de seguimiento de los proyectos muy transparente; Grecia creó la Comisión Pissarides dirigida por el premio Nobel Christoforos
Pissarides, Portugal con un sistema de gobernanza de cuatro niveles con control y auditoría de la Inspección General de Finanzas, etc…
Aquí parece que el Gobierno ha interiorizado que los fondos europeos son un instrumento político, cuando son de todos los españoles, y lo que debe propiciar son mecanismos transparentes para la selección de los proyectos y criterios objetivos que garanticen la concurrencia competitiva en todo el proceso. Esto no puede ser otro plan E.
Otro de los puntos oscuros del Real Decreto recae en la tan manida Cogobernanza, donde la participación de las CCAA y Ayuntamientos queda reducida a un “trágala” de los deseos del Gobierno, tal como quedó patente en la primera reunión de la Conferencia Sectorial donde las CCAA se revelaron y devolvieron a toriles el reglamento que la Ministra de Hacienda les puso sobre la mesa. El papel de las autonomías debería ser esencial, atesoran una amplia experiencia en la ejecución de programas
europeos y ayudas como la PAC. No pueden ser meros oyentes del proceso, sino actores que dinamicen proyectos desde la proximidad y el conocimiento de las necesidades de sus vecinos, como afrontar el problema de la despoblación y la cohesión territorial.
Europa insiste en que el Plan Nacional que España tiene enviar antes del 30 de Abril, cuente con el mayor apoyo social y parlamentario. En este aspecto también partimos de un mal inicio, donde el Gobierno no ha tenido la más mínima voluntad de negociar nada. Veremos si hay posibilidad de enmendar la futura ley o si Vox deja de sostener al Gobierno y hace acto de presencia. Para los desmemoriados permítanme recordarles que se fueron de la Comisión de Reconstrucción; y a los Presupuestos Generales de Estado no presentaron ni una sola enmienda.
Hacer vídeos está muy bien, trabajar es otro cantar. Socios de postureo también con el Gobierno. Desde una perspectiva regional es una oportunidad única. Castilla La Mancha necesita más que ninguna otra región la gestión eficaz de estos fondos y la colaboración con la sociedad civil para presentar proyectos vertebradores, que movilicen capital privado y transformen nuestro
tejido productivo, permitiéndole dar a la región un salto cualitativo. ¿Qué está haciendo el Gobierno regional? ¿Por qué no da información de los proyectos que va a presentar? ¿Está explicando a los empresarios cómo pueden acceder a los fondos y dónde tienen que presentar proyectos? ¿Se va a sentar con la oposición a pactar verdaderos “proyectos región” que cuenten con el apoyo de las Cortes Regionales o va a hacer lo mismo que Pedro Sánchez?
El reto es mayúsculo y requiere contar con todo el talento que tenemos en España y en Castilla La Mancha, tanto en la administración como en el sector privado. La oportunidad es única y será un éxito si reúne eficacia, transparencia y eficiencia. Es un reto de todos.
