La caza es necesaria para el control de poblaciones en el medio natural de diversas especies y como herramienta de gestión continua y sostenible, y que si no se gestiona ahora causaría graves problemas de diversa índole tanto en la agricultura, ganadería y la propia salud pública”.
Con estas palabras explicaba el pasado noviembre el Gobierno de Castilla la Mancha, presidido por Garcia Page, la necesidad de la caza en nuestra región. Sorprendentemente, y en menos de dos meses toda esa exposición de motivos en favor de la esencialidad de la actividad cinegética ya no sirve. Un auténtico despropósito, por la forma en que se ha hecho, atropelladamente, aquí te pillo, aquí te mato.
Tal forma de proceder, en plena temporada, hace saltar por los aires la necesaria estabilidad y seguridad jurídica. Adicionalmente se genera un perjuicio enorme al campo, principalmente a la agricultura, pero también a la ganadería, a la biodiversidad, a la propia sanidad animal, a la seguridad vial y por supuesto también a la economía en todo lo referente a esta actividad, que afecta más de lleno a las zonas rurales que tanto quieren proteger y ayudar, aunque parece que solo de boquilla.
Una de las pocas actividades no subvencionadas y autosuficientes, la actividad cinegética, se ve paralizada en plena campaña. Los agricultores ven con impotencia los inasumibles daños producidos por especies como el conejo y la caza mayor. La ganadería se puede ver afectada por transmisiones de enfermedades como la tuberculosis o la temida peste porcina. Los accidentes de tráfico causados por especies de caza mayor, que son más de 10.000 al año en España, subirán previsiblemente ante la falta de control de poblaciones.
La salud animal y la biodiversidad se verían seriamente afectadas por el aumento de densidades, que provocaría el debilitamiento de las especies en un medio que no es capaz de acogerlos y seria abono perfecto para enfermedades, provocando, como ya pasó en otros tiempos con la cabra montés en nuestras sierras, que incluso desaparezcan en algunos territorios. Sin una adecuada gestión cinegética abocaremos a algunas especies a su desaparición, aunque parece que eso importa poco al ecologismo y a algunas administraciones.
No debemos olvidar los daños económicos, que ya se están produciendo por el cambio de las reglas del juego a mitad de partido, cotos de caza que no pueden cumplir los planes técnicos ni los cupos asignados ya que su cazadores son de otros municipios y además se vieron ya afectados por el temporal de nieve, organizaciones de cacerías para estas fechas que con mucho esfuerzo se preparan y se ven anuladas, muchos puestos de trabajo perdidos (en Castilla la Mancha más de 24.000 dependen de la caza), muchos terrenos públicos pagados y en los que ahora no se puede ejercer la actividad, tasas, y no pocas, pagadas a la Junta de Comunidades que no serán devueltas o las propias licencias de caza, la mitad de cazadores de fuera de la región.
No se entiende, a no ser que sea por motivos ideológicos, presiones de grupos ecologistas, desconocimiento absoluto del problema, o por las tres juntas, que comunidades como Castilla la Mancha, Extremadura y La Rioja (por cierto del mismo signo político) no permitan ejercer una actividad segura y necesaria. Es una actividad al aire libre, con un riesgo ínfimo de contagios, que de no ser realizada puede causar serios problemas a la agricultura, al medio ambiente, a la economía rural e incluso a la salud pública.
¿Es realmente la caza una actividad potencialmente peligrosa para la salud pública?
¿Cuántos casos se conocen de contagios en el campo?
No se ha escuchado al sector, no se han consensuado medidas, no se ha contado con agricultores y ganaderos y no se ha estudiado ninguna solución ni ayuda, simplemente cerrojazo y sálvese quien pueda, ídem que con la hostelería. El único y ridículo gesto que han tenido es primero anunciar que prorrogarán las licencias sin devolución para no colapsar la administración y ahora que sí devolverán parte de la licencia de caza por estas restricciones, estaríamos hablando de cuatro o cinco euros por licencia y todo solucionado.
Lo primero es la salud y por supuesto rebajar la gran cantidad de contagios en una situación muy grave que hay que superar, pero la única solución a todos los problemas expuestos que se pueden generar por dejar de cazar solo es una, cazar. Cazar con todas las garantías sanitarias, con los protocolos establecidos, con las autorizaciones correspondientes, con distanciamiento social, sin reuniones, sin compañía y con desplazamientos únicos y justificados. Salubridad y actividad cinegética son perfectamente compatibles. Un hecho. Más de 90.000 piezas de caza mayor se abaten cada año en Castilla la Mancha.
Si no se pone remedio la sobrepoblación causará graves problemas a los que la administración regional tendrá que hacer frente y hacerse responsable por imponer esas restricciones no justificadas. No estamos hablando de ocio, ni de un capricho, sino de una necesidad. Todas las asociaciones agrarias, ganaderas, federaciones de caza, colectivos y sociedades de cazadores y el mundo rural en general están solicitando que se dé marcha atrás a esa resolución injustificada y que se permita el movimiento de cazadores para el control de las poblaciones que están causando estos daños.
En el Partido Popular de Castilla La Mancha, a través de nuestro presidente Paco Núñez, firme defensor de la caza, de la agricultura y del mundo rural, somos conocedores de la importancia de esta actividad en nuestra región. Por eso, exigimos que se reactive una actividad cinegética con todas las garantías sanitarias y todos los protocolos, que se declare como esencial y que se permita la movilidad de cazadores para evitar todos esos perjuicios. Esperemos que rectifiquen.